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El titular del Juzgado de Instrucción nº2 de Ceuta ha
dictado un auto de procesamiento contra el propietario de
una empresa constructora que realizó trabajos de reparación
para el Ministerio de Defensa por un presunto delito de
homicidio imprudente y otro contra los derechos de los
trabajadores como consecuencia de la querella criminal
formulada por la asesoría jurídica de CCOO de Ceuta.
Los presuntos delitos que se le imputan al empresario son
consecuencia del accidente de trabajo sufrido en el año 2002
por dos empleados de la empresa cuando realizaban tareas de
reparación en la cubierta del acuartelamiento Otero y que,
desprovistos de las medidas de seguridad obligatorias
cayeron desde una altura de seis metros lo que ocasionó la
muerte de Manuel Climent y lesiones permanentes a Abselam
Emzibem.
El fallecido había sido anteriormente futbolista profesional
y carecía de experiencia en la construcción. Su viuda
emprendió una larga batalla judicial en el orden social para
acreditar el incumplimiento de las normas de seguridad por
parte del empresario que culminó con la declaración de
recargo sobre el importe de las prestaciones de la Seguridad
Social derivadas del fallecimiento del trabajador.
La aceptación de la querella criminal y la imputación del
empresario resultan, a juicio de CCOO, “paradigmáticas” y
ofrecen la única posibilidad de que el empresario sea
condenado a prisión por haber provocado con su negligencia y
descuido “el fallecimiento de un joven trabajador”.
La condena prevista por el Código Penal para este tipo de
casos podría llegar a ser de hasta siete años por ambos
delitos.
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