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El Estatuto Básico del Empleado Público ya ha sido aprobado
por el Pleno del Congreso. El Gobierno de Zapatero negoció
con los responsables de las 17 comunidades autónomas y las 2
ciudades autónomas a través de la Conferencia Sectorial de
Administraciones Públicas. Las posturas entre socialistas y
populares no se encontraban, y el anteproyecto de ley del
E.B.E.P estuvo a la espera de una reunión en el MAP, en la
cual todas las ciudades gobernadas por el PP presentaron las
enmiendas que creyeron oportunas. Ceuta y Melilla tenían un
especial interés en esta reunión ya que la situación de los
funcionarios de las ciudades autónomas difiere a la del
resto de España al no tener éstas la capacidad legislativa a
través de la cual se regula el E.B.E.P.
Al otro lado se encontraban los sindicatos. CC.OO, UGT y CSI-CSIF
alcanzaron un preacuerdo con el Gobierno de la Nación el
pasado 24 de mayo. Los miembros de la Comisión Ejecutiva
Estatal de CCOO, y negociadores de dicho Estatuto, Juan
Carlos Rodríguez de la Coba y Mercé Serra, ya comentaron en
su visita a la Ciudad Autónoma de Ceuta el pasado mes de
abril que habían recibido con agrado la noticia de la
reforma del estatuto, al considerarse “positiva” para el
empleo público en su conjunto, al ser “una necesidad y un
compromiso cumplido de los trabajadores públicos de este
país”. La normativa que regía a los funcionarios databa del
año 1967, así que desde el punto de vista de las
organizaciones sindicales este proceso de reforma “vendrá a
suplir y modernizar toda la legislación que afecta a la
función pública”.
¿Qué es el E.B.E.P?
El Estatuto Básico del Empleado Público establece los
principios
generales aplicables al conjunto de las relaciones de empleo
público,
empezando por el de servicio a los ciudadanos y al interés
general, ya que la finalidad primordial de cualquier reforma
en esta materia debe ser mejorar la calidad de los servicios
que el ciudadano recibe de la Administración.
El E.B.E.P contiene aquello que es común al conjunto de los
funcionarios de todas las Administraciones Públicas, más las
normas legales específicas aplicables al personal laboral a
su servicio. Partiendo del principio constitucional de que
el régimen general del empleo público en nuestro país es el
funcionarial, reconoce e integra la evidencia del papel
creciente que en el conjunto de administraciones públicas
viene desempeñando la contratación de personal conforme a la
legislación laboral para el desempeño de determinadas
tareas. En ese sentido, el Estatuto sintetiza aquello que
diferencia a quienes trabajan en el sector público
administrativo, sea cuál sea su relación contractual, de
quienes lo hacen en el sector privado.
Principales reformas
El estatuto afectará a dos millones y medio de trabajadores,
que engloba la inmensa mayoría de empleados públicos de
España y respeta la singularidad de sectores como el
sanitario, enseñanza o Correos. También modificara el
régimen retributivo estableciendo una estructura salarial
básica que comprenda el salario base, los trienios y las
pagas extraordinarias. La única retribución complementaria
que no formará parte de estas pagas es la productividad.
Con el nuevo Estatuto se asegura una mayor estabilidad en el
empleo, con el compromiso de reducir considerablemente los
actuales niveles de temporalidad en el ámbito de las
Administraciones Públicas, con 600.000 empleos eventuales,
considerablemente superiores a los del sector privado.Tal y
como reclamaron las organizaciones sindicales se han
incluido una serie de garantías que permitirán la correcta
aplicación de la evaluación del desempeño. Entre estas
medidas se encuentra que sean materias de obligada
negociación con los sindicatos, que forme parte del elenco
de derechos de los empleados públicos y que incida
exclusivamente en las retribuciones ligadas a la
productividad.
El nuevo Estatuto también recoge una serie de iniciativas
para promocionar la carrera profesional de los empleados,
con el derecho del reconocimiento a la promoción interna y a
la progresión de la carrera administrativa.
Reacciones
Las delegaciones sindicales de CCOO y UGT en Ceuta, no ven
con malos ojos la reforma del Estatuto y se encuentran muy
satisfechas con el texto votado en el Congreso de los
Diputados. El secretario general de UGT, Antonio Gil,
consideró en su momento que el único problema que existía en
torno al E.B.E.P era la “capacidad competencial” de la
Ciudad Autónoma.
Este problema fue resuelto mediante la disposición adicional
presentada por la Ciudad Autónoma que consta de varios
puntos. El primero de ellos dicta que: los empleados
públicos propios de las administraciones de las ciudades de
Ceuta y Melilla se rigen por lo dispuesto en este Estatuto,
por las normas de carácter reglamentario que en su
desarrollo puedan aprobar sus asambleas en el marco de sus
estatutos respectivos, por las normas que en su desarrollo
puede dictar el Estado y por la Ley de la función pública de
la Administración General del Estado.
En segundo lugar, las Asambleas de Ceuta y Melilla tendrán
además las siguientes funciones: el establecimiento,
supresión y modificación de escalas, clases de funcionarios
y la clasificación de los mismos; la aprobación de las
plantillas y relaciones de puestos de trabajo; la regulación
del procedimiento de provisión de puestos directivos, así
como su régimen de permanencia y cese; la determinación de
las faltas y sanciones disciplinarias leves y los
funcionarios transferidos se regirán por el EBEP y sus
normas de desarrollo, no obstante podrán integrarse como
funcionarios de la ciudad a la que han sido transferidos
quedando en una situación administrativa de servicios a
Administraciones Públicas. Todas estas condiciones se
regirán por el marco legal establecido en el primer punto de
la disposición adicional.
Con esta propuesta presentada por el consejero de
Presidencia, José Luis Morales, el pasado 7 de Julio en el
Ministerio de Administraciones Públicas, el desarrollo
reglamentario del EBEP en Ceuta y Melilla pudo ver la luz.
La negociación que comenzó con el gobierno de Aznar, ha
finalizado con el actual gobierno de José Luis Rodríguez
Zapatero. Las condiciones laborales de dos millones y medio
de trabajadores están a punto de definirse.
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negociación / Estatuto
