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La Comisión europea abrió ayer un nuevo expediente contra
España por no haber retirado las condiciones que impuso el
pasado 3 de noviembre el Ministerio de Industria a la
eléctrica alemana E.ON para adquirir Endesa.
A pesar de que Bruselas había declarado ilegales las
condiciones que desde el gobierno español se habían impuesto
a E.ON para adquirir la energética española por considerar
que vulneraban los principios de la libre circulación de
capitales y mercancías y del derecho de establecimiento, la
callada por respuesta del ejecutivo español ha provocado que
se abra un nuevo expediente, que viene a sumarse al
procedimiento de infracción que ya lanzó el ejecutivo
comunitario el 18 de octubre de 2006 a consecuencia de los
requisitos impuestos. Si el Gobierno no atiende a las
demandas de la CE, el expediente terminará en el Tribunal de
Justicia de la UE. De momento, en el nuevo expediente se
abrirá una Carta suplementaria que aglutine también los
otros dos anteriores para juzgarlos todos de manera
conjunta.
Las condiciones impuestas por el Ministerio de industria,
que en un principio habían sido fijados por la Comisión
Nacional de la energía, y que Bruselas considera ilegales
son: la obligación de que Endesa mantenga su marca durante 5
años, la prohibición de venta de activos en Baleares,
Canarias, Ceuta y Melilla también durante 5 años, la
obligación de utilizar carbón nacional, y la obligación para
E.ON de no adoptar decisiones estratégicas sobre Endesa que
afecten a la seguridad del suministro contrarias a la
legislación española.
El ministro Solbes ha expresado que “no hay ningún problema,
hay una discrepancia de puntos de vista entre la Comisión y
España sobre cómo debe interpretarse el concepto de
seguridad de abastecimiento”, y que lo que quiere el
Gobierno es que decida el Tribunal de Justicia.
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