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Hasta treinta organizaciones educativas mantienen su empeño
en acabar con la nueva asignatura de Educación para la
Ciudadanía, como materia obligatoria e independiente, por
considerar que es “un instrumento del Gobierno para el
adoctrinamiento ideológico”. Y ya han presentado en rueda de
prensa la “Guía para la Objeción de conciencia”, así como el
Decálogo de “motivos para rechazar” la polémica asignatura.
Según los representantes de las asociaciones, existe una
“demanda creciente” entre padres y alumnos sobre cómo actuar
para ejercer esa objeción de conciencia, por lo que han
articulado sus propuestas en cuatro grupos, dirigidos a los
padres, a los profesores, a los centros y a los alumnos.
A los padres y a los alumnos –si estos tienen más de 16
años- les invitan a “objetar” con la convicción de que se
trata de un derecho constitucional; a los profesores les
proponen firmar el manifiesto ya elaborado contra la
asignatura, y a los colegios se les pide que suscriban una
declaración en la que manifiesten su desacuerdo con la
asignatura, y reclamen el derecho de los padres a educar
libremente a sus hijos.
Los promotores de esta nueva ofensiva contra la Educación
para la Ciudadanía, resumen, en diez, los motivos que les
han llevado a tomar esa decisión: 1) Constituye una
“intromisión ilegítima” del Estado en la moral 2) no admite
la existencia objetiva de la verdad y del bien; 3) silencia
completamente las tradiciones religiosas y la existencia de
Dios y de la trascendencia de la vida humana; 4) impone la
ideología de género; 5) abusa de las emociones y los
afectos; 6) renuncia a la pedagogía del esfuerzo, la
exigencia y la voluntad; 7) insiste en una concepción
inadecuada de la democracia en la escuela; 8) se introduce
en el currículo a costa del horario de otras materias; 9) es
inconsecuente y discriminatorio respecto a la asignatura de
la Religión; y 10) los contenidos pueden incorporarse a
otras asignaturas.
Por parte de un portavoz de unas de las asociaciones se
aseguró “que las enseñanzas aprobadas por el Gobierno no han
suprimido estos riesgos y resaltó que ciertos decretos
autonómicos –el de Andalucía, por ejemplo- los agravan. Y
añadió: “Confiamos en que el Gobierno se va a dar cuenta de
que se ha metido en caminos muy complicados”.
Por parte del Ministerio, la Sra. Ministra invitó a las
organizaciones que alientan a la objeción de conciencia a
recurrir a los tribunales si consideran que invade la moral
privada. “Si alguien entiende que esto invade cualquier
esfera de la moral privada puede recurrir a los tribunales”…
Por otra parte, la Asociación Nacional de Inspectores de
Educación (Anie) ha advertido en relación con Educación para
la Ciudadanía que informará a los padres y a las escuelas de
sus derechos y deberes, pero también pondrán en conocimiento
de las autoridades, “los incumplimientos que detecten”.
Los inspectores propondrán en cada caso las medidas que, “en
opinión de quien suscriba y conforme a la legalidad vigente,
deben adoptarse”.
Su presidente, confía en que al implantar la nueva
asignatura, el Ministerio de Educación y las
administraciones hayan pensado “sobre todo en la formación
de los chicos como futuros ciudadanos españoles”. Y espera
que los profesores manifiesten la voluntad de formar a los
alumnos, “no de adoctrinarlos”
O sea, que en aquellos centros que se implanten la objeción
de conciencia, se pondrán en conocimiento de las autoridades
los incumplimientos que se lleven a cabo. ¿Habrá sanciones?
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OPINIÓN
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EL MAESTRO
