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El anuncio de la ministra de Medio
Ambiente, Cristina Narbona, de que el Gobierno central
dirigido por Rodríguez Zapatero tiene la intención de poner
sobre la mesa en sus conversaciones con el Reino de
Marruecos la posibilidad de establecer algún mecanismo de
colaboración que permita una cogestión de los residuos
urbanos de la ciudad autónoma genera, a la espera de una
definición más concreta de la propuesta, tantas expectativas
como interrogantes.
De entrada, el hecho de que la iniciativa parta de una
ministra como Narbona, que ha asumido como una prioridad, y
así lo demuestran los desembolsos presupuestarios previstos,
que Ceuta deje de depender del país vecino en lo que al
abastecimiento de agua se refiere, es un síntoma de
confianza.
La buena acogida que la propuesta, aún sin concretar, ha
tenido entre los especialistas en la materia, es otro
aspecto positivo. Como bien dice Septem Nostra, si en
Córdoba el esfuerzo realizado para la recogida diferenciada
de materia orgánica e inorgánica (y dentro de esta, el
reciclaje) ha permitido reducir hasta la mitad el volumen de
basuras a eliminar, nada se puede objetar a que el Gobierno
central ponga lo que le corresponde para abrir un mercado
por el que pueden desarrollarse nuevas iniciativas
empresariales ligadas a la reutilización del compostaje como
abono agrícola, por citar un solo ejemplo, ya que en la
ciudad autónoma apenas hay terrenos para aprovecharlo.
Quedan, eso sí, las dudas que genera el hecho de que Rabat
haya sido hasta ahora absolutamente refractario al menor
atisbo de posibilidad de convertir la frontera del Tarajal
en aduana comercial. Si hasta ahora no permiten el paso ni
siquiera de áridos parece complicado que el país vecino esté
dispuesto a aceptar las basuras de Ceuta. Obviamente, para
que lo haga tendrá que tener alguna contrapartida, y ahí es
donde el Ejecutivo debe tener el máximo cuidado por los
intereses de Ceuta y los ceutíes.
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OPINIÓN / EDITORIAL
