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economía - JUEVES, 26 DE ABRIL DE 2007


Primer encuentro del colectivo. ARCHIVO.

FRAUDE POSTAL / ASOCIACION DE USUARIOS
 

Adicae hace pública
la lista de acreedores
de la filatélica Afinsa

La fecha para realizar la denuncia
patrimonial se amplía hasta el día 30
 

CEUTA
Elsa Cabria

elsacabria
@elpueblodeceuta.com

La Asociación de Usuarios de Bancos, Cajas y Seguros (Adicae) hizo ayer pública la lista de acreedores de la empresa filatélica Afinsa. Así, la web de la empresa pone a disposición de los ex socios, a través de la clave personal (nº de contraseña y de inscripción), los datos referentes a sus perdidas económicas para que se puedan verificar las cifras.

De momento, los afectados de Fórum Filatélico en la ciudad autónoma suponen más de tres millones de euros, en computo global, el 0.10% de los casi 4.000 millones que ha dejado congelados la estafa postal. En próximas fechas, una vez confirmadas las listas, se informará de la cantidad aproximada que dejó el fraude en sellos entre los antiguos usuarios de Afinsa.

Además, se ha ampliado la fecha para realizar la denuncia patrimonial al Estado hasta el próximo lunes, día 30 de abril.

El Contencioso Administrativo ha tomado esta decisión ante la lenta respuesta de los afectados que quieren pedir cuentas al Ejecutivo nacional. Así, los afectados de la ciudad autónoma cuentan con unos días de más para exigir al Estado una respuesta económica sobre la estafa postal que, el próximo 2 de mayo, celebrará un año.
 


La Ciudad enviará un informe al Estado

La ciudad autónoma, a través del área de Consumo de la consejería de Sanidad y Servicios Sociales, enviará, en próximas fechas, el borrador de proyecto de ley que otorga al Ejecutivo local la responsabilidad sobre la compra de bienes tangibles (sellos, obras de arte, antigüedades, animales, etc).

Las comunidades del Partido Popular no ven con buenos ojos esta competencia porque es, a su juicio, una forma de “eludir responsabilidades”.

La viceconsejera de Sanidad, Celinia de Miguel, considera que estas inversiones “deberían competer al ministerio de Economía y no a las comunidades”. La razón es que el concepto de délito podría variar, de manera tangencial, según la región donde suceda.
 

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