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La secretaria socialista, Toñi Palomo, diferenció entre la
situación en Loma Colmenar donde en su opinión hubo una
serie de indemnizaciones porque se “decide construir sin
tampoco mucha explicación” y la que viven los vecinos del
Príncipe. Existe un “incumplimiento” y una
“corresponsabilidad” del Gobierno, ya que a juicio de la
socialista, la Ciudad ha permitido que proliferen las
construcciones ilegales en la barriada cobrando impuestos a
sus residentes cuando el plan de Urbanización del Príncipe
se solicitó en 1999 y se elabora en 2006, mientras que el
plazo era de tres meses. “Y encima nunca se le ha multado,
tal y como exige la Ley de Contratación”.
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