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El acuerdo alcanzado por la
Delegación del Gobierno, la Dirección General de la Marina
Mercante, Capitanía Marítima de Ceuta, las Fuerzas y Cuerpos
de la Seguridad del Estado y las cuatro navieras que operan
en la línea del Estrecho de Gibraltar para poner en marcha
un protocolo que sirva para erradicar las reacciones
violentas de los pasajeros que pretenden embarcar en los
ferrys que la cubren con billetes emitidos a nombre de otras
personas es un buen síntoma para un ámbito agitado por todo
tipo de intereses contrapuestos.
A la vista de las quejas expuestas por las navieras en la
reunión multilateral que todas las partes mantuvieron el
viernes, a instancias del delegado, la situación de sus
trabajadores encargados de emitir las tarjetas de embarque
era tensa a pesar de que las reacciones violentas son
“esporádicas”, como ayer bien puntualizó la Delegación. En
ese contexto y si se trataba exclusivamente de garantizar la
integridad de los operarios, la invitación de ayer de
Arreciado a contratar seguridad privada no era ninguna
salida de tono siempre y cuando, como también garantizó, “la
seguridad colectiva está en manos de la Guardia Civil y la
Policía Nacional”. Cualquier otra opción no sería viable y
ni siquiera razonable.
En cualquier caso, el pacto suscrito por unanimidad para
encargar a la Policía Portuaria una cierta supervisión del
comportamiento de los pasajeros es positiva en tanto que los
terrenos de la Autoridad Portuaria, Estación Marítima
incluida, son su ámbito natural de actuación.
Su labor preventiva (en caso necesario darán parte
“inmediatamente” a la Benemérita), combinada con la campaña
de información y concienciación que pondrán en marcha las
navieras y las agencias de viajes debe ser suficiente para
que aquellos que se resisten a abonar el precio que les
corresponde por cruzar el Estrecho desistan de su actitud o,
al menos, no amenacen a los operarios de las taquillas, que
no tienen ninguna culpa de las tarifas vigentes.
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OPINIÓN / EDITORIAL
