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Las inversiones, las que sean,
deben ser siempre bienvenidas pero aún más si éstas se
refieren a la Sanidad. El Instituto Nacional de Gestión
Sanitaria, antes Insalud, o sea, el Estado, es el
responsable absoluto en este campo en Ceuta como lo es
también en Melilla.
Las transferencias realizadas a las distintas comunidades
autónomas para que sean éstas las que gestionen su propia
Sanidad, deja a este organismo –el Ingesa- con la única
responsabilidad de gestión directa sobre los servicios
médicos y el estado de la Sanidad Pública en las ciudades de
Ceuta y Melilla, amén de cualquier otra responsabilidad de
índole estatal en el ámbito de la coordinación.
Por tanto, ¿no debería ser el Estado el que diera ejemplo a
las comunidades sobre cómo gestionar la Sanidad, teniendo
como tiene la exclusiva responsabilidad sobre una población
de 180.000 habitantes?. No resulta fácilmente entendible que
comunidades como Andalucía, con una población total
extremadamente mucho más superior al conjunto de los
habitantes de Ceuta y Melilla, se encuentren mejor dotadas
en este particular área, sobre todo teniendo en cuenta el
poder económico que se le presupone al Estado como para no
caer en el ridículo en comparativas de gestión.
De tal modo, que -a partir de estas premisas- podemos entrar
en el ámbito de la llamada voluntad política, la que muestra
el interés del Estado por la saludable marcha en prestación
de servicios de los administrados de Ceuta y Melilla. En
este particular escenario de voluntad política, los ceutíes
y melillenses podemos sentirnos ciertamente defraudados.
Sólo basta recorrer las instalaciones, conocer el número de
profesionales y la demanda clara en la prestación de
concretos servicios médicos y especialidades, amén de las
circunstancias de ubicación geográfica, para saber que Ceuta
debiera estar mucho más dotada y no depender de un barco o
de un helicóptero para el traslado a centros debidamente
acondicionados para según qué casos. La ciudad debería ser
autosuficiente y contar con los adelantos necesarios capaces
de salvar la vida y garantizar el servicio, porque el Estado
tendría que volcarse en esta acción. La vida de los ceutíes
y de los melillenses vale igual que la de los andaluces,
madrileños o vascos. Quizá la denominada deuda histórica que
el Estado mantiene con Ceuta podría gastarla –a la Ciudad
Autónoma igual no le importaría- en mantener especialistas,
especialidades, demás profesionales y medios para asegurar
la prestación, con autosuficiencia, a los ceutíes.
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OPINIÓN / EDITORIAL
