Hasta ahora sólo había trascendido la intención de la Ciudad
de cerrar las naves del polígono comercial del Tarajal que
carecieran de las preceptivas licencias de apertura y
actividad. Pero paralelamente a las labores de cierre, los
técnicos de Fomento trabajan también en la concesión de las
licencias a aquellas naves que se han movido bien y han
cumplimentado la documentación exigida.
Una serie de naves han conseguido avanzar al proceso de
entrega de proyectos técnicos y cuentan ya con el visto
bueno de Fomento en ese sentido. La licencia de apertura que
la Ciudad prevé entregar a estas se encuentra en este
momento a expensas de la información pública del expediente.
El consejero de Fomento de la Ciudad en funciones , Juan
Antonio Rodríguez Ferrón, explicó que el proceso de
regularización para estas naves “está siguiendo los trámites
normales en las que una de las fases es la de exposición
pública”. El consejero recalcó que este es un paso más de
los necesarios para la entrega de una licencia de apertura.
El hecho de que el expediente de licencia de apertura se
encuentre en periodo de información pública no garantiza que
las naves vayan a obtener la licencia. La información
pública de estos expedientes, que se ha abierto durante diez
días, implica un periodo en el que quienes puedan verse
afectados por la actividad de dicha nave puedan realizar las
observaciones oportunas.
Notificaciones de cierre
Por otro lado, también continúa en marcha el procedimiento
de cierre de las naves que carezcan de licencia. Rodríguez
Ferrón confirmó la notificación realizada en pasadas fechas
a varios almacenes que ya habían sido señalados por su falta
de licencia y por no haber iniciado movimiento alguno de
regularización. “Fomento ha enviado la notificación a varias
naves informando a sus propietarios del inminente cierre en
caso de que no hagan lo necesario por obtener las licencias
de apertura”, aseguró el consejero responsable del proceso.
Las últimas notificaciones de que este tiene constancia se
produjeron la pasada semana y según apuntó se les concedió
un plazo de dos meses a los propietarios para hacerse con
los pertinentes permisos.
La notificación de cierre se convierte según explicó
Rodríguez Ferrón en una medida coercitiva para los
empresarios: “Al que pide la licencia se le intenta dar y al
que no la pide se le insta a que inicie los trámites
amenazando con el cierre”.
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