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La Sección VI de la Audiencia Provincial de Cádiz en Ceuta
sentó ayer en el banquillo de los acusados a A.C.L, un
agente de la Policía Local en activo, por un presunto delito
de falsificación de documento público.
El citado documento resulta ser una sanción por mal
estacionamiento y fueron interpuestas a dos antiguos
superiores del propio cuerpo de la Policía Local, F.J.P.H y
R.C.V. Los hechos ocurrieron en enero de 2001.
El primero en testificar fue el propio acusado, A.C.L. Éste
negó en todo momento la autoría de esas denuncias indicando
además que estaban realizadas en un talonario que no era el
suyo y que correspondía a otro agente, que además ya había
denunciando previamente la pérdida de ese talonario de
denuncias.
“Suele ser habitual que se pierdan los talonarios porque son
pequeños y se pueden dejar olvidados en el Zeta o caerse del
vehículo”, añadió el acusado.
Ante la pregunta de la Fiscalía de si la relación con
aquellos superiores era cordial, A.C.L, fue claro, “lo que
tuve que denunciar de ellos lo hice en su momento y fue a
raíz de que me obligaran a cortarme el pelo, porque yo no lo
consideraba ni justo ni que estuviese requerido por el
propio reglamento del cuerpo”.
El agente propietario del talonario de denuncias extraviado
expuso ante el juez que él no pudo formular aquellas
denuncias porque ese día no estaba de servicio.
¿La autoría de las denuncias?
El Tribunal quiso saber por qué los dos superiores del
cuerpo de la Policía Local habían denunciado a A.C.L como
autor de los hechos si sólo contaban con la caligrafía de la
denuncia para saber su autoría. Ambos contestaron de la
misma manera insistiendo en que a diario se leían todos los
atestados de los agentes y que sabían de quién era cada
letra, pero no realizaron ninguna prueba pericial
caligráfica para dar solidez a esas suposiciones.
“Lo que denuncié era lo que pensaba en aquel momento”,
añadió F.J.P.H.
Por su parte, R.C.V, insistió en la falsedad de la denuncia
emitida debido a que “mi vehículo se encontraba estacionado
en una plaza de garaje que tengo en propiedad en los bajos
de la Marina”.
El Ministerio Fiscal solicita para este agente una pena de 4
años de prisión.
El juicio fue suspendido a tenor de que se practicasen las
pruebas periciales. Se reanudará el próximo 28 de junio.
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tribunales / delito por falsedad
en documento público
