sociedad - JUEVES, 12 DE JULIO DE 2007

CEUTA
Raúl Mariscal
raulmariscal@elpueblodeceuta.com

El Proyecto de Ley para la regulación del régimen de las Empresas de Inserción laboral ya se encuentra en el Congreso de los Diputados. Esta nueva norma pretende beneficiar a aquellas empresas que se dedican a contratar a excluidos sociales con el objeto de que, después de aplicar medidas sociales y de adaptación profesional, puedan emplearse en el mercado laboral ordinario.

Pues bien, el director provincial del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales (MTAS) en la ciudad autónoma, Javier Martínez, ha informado que en Ceuta no se ha registrado ninguna solicitud ni hay empresas de inserción laboral. También afirma que esto no significa que no pueda llegar alguna solicitud de empresas ceutíes al MTAS ya que el plazo no define fechas pero si requisitos.

Exclusión social

Los sindicatos de la ciudad autónoma advierten que existe un colectivo de personas especialmente desfavorecidas y en situaciones de marginación o de exclusión, que encuentran serias dificultades para acceder al mercado de trabajo, debido a sus carencias sociales, culturales o a cualquier otra circunstancia personal y ven en este tipo de empresas una buena medida para reducir el paro.

El objetivo de éstas es conseguir la integración social de estas personas, a través de las empresas de inserción (EI), que actúan en el mercado de bienes y servicios, pero que tienen como objetivo fundamental la inserción de las personas socialmente excluidas, para lo que dedican una parte de sus puestos de trabajo al empleo de dichas personas, a las que imparten formación para el ejercicio normalizado de una actividad laboral hasta conseguir su acceso al empleo ordinario.
 

Un proyecto que no termina de arrancar

En la actualidad, no existe una definición comúnmente aceptada sobre el concepto y características de las empresas de inserción, por lo que resulta difícil elaborar un censo, pero los últimos estudios cifran su número entre 147 y 165  y entre 3.550 y 3.800 los trabajadores, de los que el 62%  lo son en inserción.

Más del 57 % están implantadas en Cataluña, Andalucía y Madrid. Su facturación se cifra en 41,4 millones de euros y los principales sectores de actividad son: recuperadores y reciclaje, servicios personales y sociales, construcción, artes gráficas, jardinería y explotaciones forestales.