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Aún sin cumplirse el primer mes en
sus cargos, los miembros del Gobierno que Juan Vivas
constituyó el pasado mes de junio están dando síntomas muy
dispositivos en lo que a su disposición a mantener el
Ejecutivo activo se refiere. Si el primer deber de un
político es, como asegura la vicepresidenta del Gobierno,
María Teresa Fernández de la Vega, “tomar decisiones, asumir
riesgos y tener siempre presente la obligación de servir los
intereses de los ciudadanos, proteger sus derechos y
promover su bienestar”, hasta la fecha los nuevos
integrantes del Gobierno ceutí están cumpliendo a rajatabla
con su obligación.
Y parecen dispuestos a seguir en la misma línea. En las
próximas fechas, tal como asegura el vicepresidente del
Ejecutivo ceutí, Pedro Gordillo, el Gobierno hará público un
catálogo de cien medidas prioritarias que guiarán su acción
política durante los próximos años.
De momento, las prioridades que Vivas estableció como
candidato del Partido Popular a la reelección en su cargo se
están viendo atendidas con creces. Uno de los mejores
ejemplos de ello es la actuación de la Consejería de Fomento
en relación con los polígonos del Tarajal, donde cinco de
las naves dedicadas a actividades “nocivas” que no han
atendido los requerimientos oficiales ya han recibido las
correspondientes órdenes de cierre.
Es un primer paso que debe, además, servir de advertencia
sobre la seriedad de los objetivos marcados por el Gobierno.
En breve, el Ejecutivo tendrá que comenzar a dar los pasos
oportunos para llevar a buen puerto la reurbanización y
ordenación del Príncipe Alfonso, para lo que tampoco se ha
perdido el tiempo: la Ciudad se ha empeñado en encontrar con
la mayor brevedad posible un local donde instalar la oficina
que gestionará este proceso y en breve se darán a conocer
cuáles serán sus protocolos de actuación.
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OPINIÓN / EDITORIAL
