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En un ‘pis pas’. La ‘descortesía’
de no ser invitados a la cumbre bilateral hispano-marroquí
de Toledo para tratar el asunto de los menores extranjeros
no acompañados, puede quedar en el olvido y en aguas de
borrajas si el Gobierno, como ha prometido todo un ministro
como Caldera -tan cercano a Zapatero- soluciona el asunto de
los MENA de Ceuta. Jesús Caldera, de visita fugaz a nuestra
ciudad ha declarado públicamente que el Estado hará “un
esfuerzo” para repatriar a “todos los menores”. Es, por
tanto, lógico pensar que cuando el Estado dice todos, deben
ser todos... incluidos los que caen en Ceuta y en Melilla.
Fue la de ayer una jornada de reconocimientos, y no sólo por
la merecida entrega de la medalla del Trabajo a la
conocidísima Nona, el ministro reconoció que la Ciudad
Autónoma necesitaba de los 3 millones de euros comprometidos
para soportar la gestión de los inmigrantes menores de edad
y ha afirmado que es “voluntad del Gobierno cumplir
exquisitamente con ese compromiso”. También ha dicho que los
acuerdos alcanzados con el MAP se pondrán en marcha de aquí
a septiembre.
Toda esta catarata de recuerdos de compromisos alcanzados
seis meses antes ha motivado que el Gobierno de Ceuta
reactive su paciencia para que, por fin, lo que ya tenía que
estar activado tras ser rubricado el compromiso en febrero,
se ponga definitivamente en marcha, es decir, la cogestión
en materia de políticas activas de empleo y de servicios
sociales.
Vivas volvió a exhibir su lado más amable y mostró la
cortesía institucional, que le es propia, acudiendo a la
llamada del ministro, de visita en Ceuta, para una breve
reunión de sólo un cuartito de hora donde, sin la sorna de
los Álvarez Quintero -esperamos- se llegó a la reafirmación
de los compromisos del Estado para con Ceuta.
En esta ocasión las palabras no se las llevará el viento y
el hecho de que Caldera, en nombre del Gobierno central, se
haya comprometido tan claramente para la solución feliz de
los MENA y de las políticas de cogestión, implicará una
labor clara y definida para la Delegación del Gobierno como
mediador efectivo.
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OPINIÓN / EDITORIAL
