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La llegada del mes de agosto,
inhábil para cuestiones políticas, provoca la demora de las
negociaciones que han de establecerse, puertas para adentro,
en relación a la futura reforma estatutaria que aportaría un
avance político y social relevante a la actual Ciudad
Autónoma en aras a obtener el rango de Comunidad. Prever los
cambios, aunar esfuerzos y unir criterios de Ceuta por
encima de cualquier otro de índole más partidista, debería
ser el espíritu desde el cual basar el nuevo documento que
nos lleve a los ceutíes a equipararnos, por la vía de la Ley
y de la Constitución, al resto de territorios y regiones de
España.
No se olvida nunca la aspiración autonómica de Ceuta desde
el momento en que tras 1978, la nueva organización
territorial del Estado en Autonomías, no se activó el
mecanismo previsto en la Carta Magna a través de la
Transitoria V por la que nuestra ciudad, desamparada
territorialmente de la provincia de Cádiz [Andalucía],
podría acceder al rango autonómico similar al resto de las
regiones de la nación española.
Es un hecho que el actual estatuto, concedido en 1996 ha
servido para avanzar institucionalmente, y ha logrado que el
Ayuntamiento de Ceuta pueda asumir competencias hasta ahora
imposibles para otros municipios españoles. Pero el actual
Estatuto, que ha sido una herramienta apropiada con la que
se ha demostrado trabajo, desarrollo de la sociedad y una
enorme carga de responsabilidad institucional [sobre todo en
el último tercio de la última década], se queda pequeño y
encorseta las aspiraciones de Ceuta en equiparación al resto
de regiones del Estado. Así lo ha indicado, en reiteradas
ocasiones, el Tribunal Constitucional. Hay asuntos en los
que la administración central, con cierta recurrencia, se
apoya en el aval que representan los dictámenes del TC, y en
algunos de ellos se recuerda que Ceuta no es comunidad
autónoma, rango que no ostenta y por el que no accede a
situaciones que son cotidianas en el resto de los
territorios de la nación. Con la prudencia y responsabilidad
necesaria, el actual Estatuto, debe quedar reformado y
adaptado a lo prevenido en la Constitución salvaguardando
siempre a Ceuta, convirtiéndola en la 18ª comunidad
española. Esto debe ser un deber y una obligación de los que
tienen esta responsabilidad.
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OPINIÓN / EDITORIAL
