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El Consejo de Ministros aprobó, el pasado marzo, la cesión
de competencias a las comunidades autónomas, además de Ceuta
y Melilla, para la regulación de las polémicas inversiones
en bienes tangibles -vía reglamento- de sellos, obras de
arte, antigüedades, árboles e incluso animales, dentro de un
marco de control estatal. La anterior responsable en el
cargo local, Celinia de Miguel, mostró su negativa ante la
propuesta de anteproyecto y vertió las responsabilidades en
el Ministerio de Economía para gestionar el controvertido
asunto. El nuevo titular de Consumo, Manuel Blasco, asegura,
seis meses después de la aprobación del texto, que el
Ministerio de Sanidad no se ha puesto en contacto con el
Gobierno local para tratar el tema.
“Nos reunimos con los afectados de la ciudad” -actualmente
cifrados en más de 800- “ para conocer su estado, pero del
ministerio no hemos recibido ninguna noticia nueva”, dice.
La única medida relativa a este ámbito -la disposición
adicional 4ª de la ley 35/2003, de instituciones de
inversión colectiva- transfiere su control a las
administraciones territoriales por tratarse de ‘productos de
consumo’, pero la controversia que se mantiene sobre esta
normativa entre asociaciones y el Partido Popular, no
despierta más allá que recelo.
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El grupo de trabajo, en desacuerdo
El grupo de trabajo del área de
Consumo de la Ciudad Autónoma no defiende la medida que el
Gobierno implantará más tarde o más temprano porque cada
comunidad pasaría a regular el procedimiento de forma
diferente. Además, en ese caso, el Ejecutivo local se
encargaría de controlar, informar y sancionar con su
personal y sus instrumentos.
Hace medio año, De Miguel anunció que el grupo de trabajo
local pondría “muchas pegas” a la propuesta estatal, pero
nadie se ha vuelto a pronunciar al respecto. La impresión
del Ejecutivo ceutí es que aún se van a producir “muchos”
cambios.
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competencias / inversiones
