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Casualidad o no, el pasado julio fue un mes ‘caliente’ para
los correos electrónicos de los funcionarios de la Ciudad
Autónoma de Ceuta y para la ex viceconsejera de Recursos
Humanos, Adelaida Álvarez, blanco preferido de los e-mails
que, durante todo el mes, el Sindicato de Policía, Bomberos
y Administración Local (Sinpobal) remitió a todos los
trabajadores públicos de la Asamblea.
Aún sin que Mohamed Ali hiciera público, el 25 de julio, el
Decreto que Álvarez había firmado el 17 de junio conminando
por segunda vez al jefe de Nóminas de la Ciudad, Francisco
Martínez Racero (secretario de Organización de Sinpobal), a
modificar los criterios que venía aplicando para el abono de
complementos específicos a los funcionarios de superior
categoría, asunto por el que se le ha incoado un expediente
disciplinario tras hacer caso omiso a las indicaciones de
Álvarez, el sindicato comenzó el 9 de julio a denunciar el
“descontrol” del área que dirigía la política del PP.
“La imagen de austeridad y buen gestor que tenía nuestro
presidente se va desmoronando a pasos agigantados”,
arrancaba la nota firmada por la Comisión Ejecutiva de
Sinpobal el 9 de julio, en la que se denunciaba el
“deterioro grandísimo” de la política de personal y se ponía
en solfa al Gobierno por “subir los emolumentos de los
políticos” y por “crear nuevos puestos de trabajo de
asesores” para “eruditos sin ningún tipo de titulación”.
Ese primer correo se cerraba con la primera puya hacia
Álvarez: “Vivas está encubriendo con su aptitud [sic] a la
extinta viceconsejera de Recursos Huanos, ya que tal y como
denunciamos en múltiples ocasiones esta todavía no ha
devuelto las dietas que se autodecretó por asistencia a
tribunales por valor de unos 4.000 euros”.
Ocho días después, Sinpobal volvió a denunciar la actuación
en su cargo de Álvarez bajo el título “Otro escándalo del
Gobierno Vivas: la póliza de Sanitas”.
En el correo, el sindicato invitaba a los funcionarios a
retrotraerse al año pasado para comprobar cómo Álvarez
“utilizando medios y recursos públicos” había enviado un
oficio a todos los empleados de la Ciudad “haciendo
publicidad de la citada compañía”.
“La referida viceconsejera ordenó introducir en nómina la
detracción de las cuotas de los abonados, descuento que tuvo
que retirarse debido a los reparos de Habilitación y de
Intervención”, proseguía el correo, a cuyo contenido íntegro
ha tenido acceso este periódico y que concluye así tras
analizar quién debe pagar las mencionadas pólizas: “El
presidente de la Ciudad, por desconocimiento o no, puede
estar presuntamente encubriendo estas conductas de
políticos, nombrados por él, que forman parte de su equipo
de Gobierno; así como tampoco se puede ‘premiar’ a la
anterior viceconsejera, Adelaida Álvarez, nombrándola
asesora como personal de confianza”.
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irregularidades / caso de los
complementos específicos
