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OPINIÓN - VIERNES, 24 DE AGOSTO DE 2007

 
OPINIÓN / EDITORIAL

Dos administraciones y un solo objetivo educativo

Posiblemente a estas alturas ya hemos llegado a un estado en el que, independientemente de su color, todos los partidos políticos han asumido ya que no es posible construir el futuro si las instituciones no colocan en uno de los primeros lugares de su agenda de prioridades el poner todos los medios a disposición de los ciudadanos para contar con personas formadas, con capacidad de aprender permanentemente, de participar socialmente y de resolver los conflictos que surgen en su relación con el medio.

La educación ha dejado de ser el privilegio de unos pocos, pero ahora las Administraciones tienen el reto ineludible de convertirlo en un derecho de todos con la mayores cotas de calidad y en esa línea es fundamental que tanto el Ministerio de Educación como la Consejería del ramo dirigida por Mabel Deu, cuyo esfuerzo merece mayor elogio aún por carecer de competencias, asuman que la defensa del principio igualdad de oportunidades en la Educación pasa por consignar los presupuestos necesarios en materia de becas y ayudas para que las desigualdades, diferencias y desventajas sociales, culturales o territoriales de las que parten determinados colectivos de alumnos no acaben convirtiéndose en desigualdades educativas.

Desde ese punto de partida, y reconociendo el valor del esfuerzo que tanto el Ministerio como la Consejería vienen realizando e incrementando año tras año, sería deseable que ambos departamentos fuesen capaces de conjugar sus legítimos criterios de adjudicación de sus ayudas para la compra de libros de texto y material escolar complementario. El MEC ya establece entre los criterios de concesión de sus subvenciones que son compatibles con las del Gobierno ceutí, pero este considera que no permitiendo la percepción de ambas al mismo tiempo se pueden beneficiar del conjunto total de ayudas más familias. Sería deseable que ambas Administraciones se pusiesen de acuerdo y estableciesen una serie de baremos económicos y sociales que garantizasen que aquellas personas que realmente lo necesitan, porque las hay, puedan recibir ambas en beneficio de sus hijos.
 

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