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Por segunda vez en apenas un año, una parte de los ‘años de
plomo’ de la “pequeña Sicilia”, como la denominó el que
fuera delegado del Gobierno en Ceuta Luis Vicente Moro,
quedaron ayer vistos para sentencia. Si el año pasado la
Audiencia Provincial de Cádiz dictó un auto de condena [que,
recurrido, está ya camino del Supremo] contra nueve
supuestos integrantes de la plana mayor de la delincuencia
ligada al tráfico de estupefacientes por el asesinato la
nochevieja de 1999 de su joven colega ‘el Kimbi’, ayer la
misma Sección VI de este Tribunal dio cuenta de la causa por
la prolongación más directa de aquel macroproceso bajo la
presidencia de Manuel Grosso con los informes y conclusiones
finales de las partes.
En esta ocasión los sentados en el banquillo no han sido los
presuntos cabecillas criminales, sino quienes se encargaban
de perseguirles: el propio Moro; el comisario de la Policía
Nacional en la ciudad hasta 2002 Alejandro del Valle y su
jefe de la Brigada Judicial, Mariano Arévalo. A todos ellos
se les juzgó bajo la acusación de ser autores de los delitos
de prevaricación, continuado de revelación de secretos
oficiales y calumnias.
Además, a Moro la acusación particular, ejercida por el
presidente de la Sala, el magistrado Fernando Tesón; y el
Ministerio Público, que llevó la fiscal jefe de la
Audiencia, Ángeles Ayuso, acabaron imputándole también un
delito contra la independencia del poder judicial. En total,
el actual asesor de MUFACE se enfrenta a una petición de
condena de más de 5 años de cárcel y más de 10 de
inhabilitación para cargo o empleo público.
Al cuarto acusado, el jefe de Prensa de la Delegación,
Roberto Franca, se le atribuyen los de calumnias y
revelación de secretos oficiales por su posible
participación en la filtración de la nota informativa
elaborada por Del Valle y Arévalo por orden de Moro sobre
Tesón donde se le atribuían comportamientos judiciales
extraños y conniventes con los narcotraficantes locales. Los
dos policías y el ex delegado fueron, según reiteró ayer la
acusación, los promotores de dicha nota en una estrategia
diseñada para “desprestigiar” al magistrado ante las
instituciones y posteriormente, con la colaboración de
Franca, ante la opinión pública a través de la prensa por no
someter sus decisiones a la voluntad de Moro.
Tras escuchar los testimonios de las decenas de políticos,
jueces, policías y periodistas que han pasado como testigos
por la sala de vistas, ayer las partes dieron sus
respectivas opiniones finales sobre si existía o no en la
ciudad un clima de “alarma social” por los autos que firmaba
Tesón que justificase a Moro para ordenar a Del Valle y
Arévalo elaborar una nota con todos los rumores que,
presuntamente procedentes de los Juzgados, criticaban que el
presidente de la Audiencia “bombardease” la actuación de los
instructores y le señalaban como un juez que iba en chándal
los sábados para interesarse por casos que no le incumbían y
recibía con facilidad a los ‘narcos’ en su despacho.
Como no podía ser de otra manera, acusación y defensa
llegaron a puntos diametralmente opuestos: “Sin dramatismo
ni literatura”, la fiscal Ayuso y el abogado de Tesón,
Francisco Baena, trataron de convencer a los tres
magistrados venidos de Cádiz de que existen “múltiples y muy
sólidos indicios” de que Moro, Del Valle y Arévalo urdieron
una trama para hundir a Tesón desacreditándole mediante una
invención “ilegal y odiosa” de su actividad privada y
profesional desde meses antes de la elaboración de la nota
que acabó en la prensa [“núcleo básico de los hechos”, según
la fiscal], redactada el 4 de diciembre de 2001.
“Todo mentira”
Ayuso fue, por orden cronológico, la primera en hablar: “No
es que las cosas no sean como dice la nota, sino que son al
contrario: ni había alarma social, ni el señor Tesón recibió
a los narcos, ni deseaba ponerles en libertad, ni hubo
quejas de los instructores”, enumeró la fiscal, quien apartó
expresamente a Franca del grupo de ‘conspiradores’ y apuntó
que la “animadversión” de Moro hacia el magistrado podría
venir de la decisión de este de reabrir el caso de los
menores.
Por su parte, el letrado de Moro y el abogado del Estado que
defendió a los otros tres imputados se esforzaron en
advertir de que a la luz de la jurisprudencia más reciente
el delito de calumnias está prescrito [algo que las
acusaciones negaron rotundamente] y en que no existe “nada”
que sustente las tesis de la otra parte.
“Este proceso, muy mal instruido por cierto, no es un juicio
normal por quiénes son sus partes”, apuntó el ex fiscal de
la Audiencia Nacional Ignacio Peláez, que defiende al ex
delegado. “Sólo hemos visto un empecinamiento en la ‘tesis
de la conspiración’ que no puede basarse en ninguna prueba
directa y en ninguna declaración”, le completó después la
Abogacía del Estado.
“Infinidad de gilipolleces”
Si durante las cinco jornadas anteriores del proceso pareció
que la balanza de la Justicia se inclinaba del lado de la
acusación, que contempló cómo las fuentes principales que
reconocían Del Valle y Arévalo para justificar el contenido
de su nota, el ex jefe de la UDYCO Peire y la juez que
instruyó el Sumario 5/2000 [‘caso Kimbi’], Begoña Cuadrado,
negaban haber dicho “nunca” nada de lo recogido en el texto.
Así lo subrayó en su argumentario final la acusación
particular: “Sin sus dos bastiones la defensa de los
acusados se ha quedado desnuda de argumentos para encubrir
la ‘Operación martillo’ que desplegaron para machacar a
Tesón”, se congratuló Baena, quien se refirió a la nota
informativa policial que se elaboró el día después de que el
magistrado pusiera en libertad provisional a dos presuntos
‘capos’ locales tras revocar sendos autos de la instructora
como un compendio de “infinidad de gilipolleces”.
“Eran Valle, Moro y Arévalo los responsables de la
ineficacia policial que mantenía en alerta a los ceutíes, no
los autos del juez Tesón”, prosiguió el letrado, que acusó
de Moro de abrir una “caza de brujas” en Ceuta y de intentar
destruir al juez “por todos los medios, aún fuera de sus
competencias”. Por todo ello, el abogado pidió al tribunal
que, aún a costa de que les llamasen corporativistas, dicten
una sentencia “contundente”. “No defienden a un compañero,
sino uno de los pilares del Estado de Derecho”, les recordó.
Su compañera de banco fue más dura con los acusados al
explicar los hechos que sustentan el delito contra la
independencia del poder judicial que se atribuye a Moro.
“Pónganse en el papel del magistrado [Tesón]”, pidió el
Ministerio Público al tribunal, al que Baena destacó que
para ser condenado por este supuesto “no es necesario
doblegar la voluntad del juez, sino intentar perturbarla”.
Ambos se refirieron así a la situación vivida en la gran
comilona de este juicio, la que se celebró el 12 de febrero
de 2002, tres meses después de que se redactase la nota y
dos antes de que su contenido llegase a EL PAIS, que reunió
a la clase más alta del ámbito político y policial de Ceuta
y a las principales cabezas judiciales del sur del país,
vocales del Consejo General del Poder Judicial incluidos.
“Desgraciada filtración”
Según varios asistentes a aquel encuentro, esa noche Moro
reprochó a Tesón ante los presentes algunos de sus últimos
autos de libertad, así como el que mientras liberaba a esos
‘narcos’ mantuviese en la cárcel [condenado] a ‘Piti’,
testigo protegido del ‘caso Kimbi’. “Hay dos clases de
testigos sobre este punto: los que recuerdan esa situación y
los que no escucharon nada pero sí percibieron ‘tensión’”,
describió la acusación, a la que las defensas replicaron que
la discrepancia entre los jueces instructores y la Audiencia
eran “un hecho probado” y que tanto en la redacción de la
nota de ambiente como en su traslado al CGPJ y al Ministerio
del Interior los imputados sólo actuaron “dentro de sus
funciones” para advertir de “una situación que existía”.
A cambio, indicaron que lo que debería haberse investigado
en este proceso fue “la desgraciada filtración a la prensa”
de la nota policial. “La revelación de secretos existe, pero
no se ha acreditado quién fue su autor”, señalaron las dos
defensas, quienes apuntaron a que el documento seguramente
salió desde el entorno de los Ministerios de Interior o
Justicia.
Ayuso, como Baena, no dio la más mínima credibilidad a tal
hipótesis y les respondió que el ‘modus operandi’ de la
filtración respondía a la “marca de la casa” de la
Delegación de Moro: “Tirar la piedra y esconder la mano”.
“El delegado no investigó qué pasó con la nota por una sola
razón: porque la filtró él”, resumió la acusación, que
también puso en cuarentena la validez de la cinta que Franca
grabó al periodista José María Irujo por teléfono y en la
que este último le exculpa de toda responsabilidad.
Sea cual sea el sentido de la sentencia de la Audiencia, que
se espera para bien entrado el otoño, todas las partes
confesaron ayer que es “más que probable” que cualquiera de
las partes que resulte perdedora la recurra al Supremo.
Allí se encontrarían, una vez más [Moro ha reconocido de
nuevo en este juicio, como ya hizo en el del Kimbi, que
durante su etapa en Ceuta llegó a reunirse con uno de los
presuntos cabecillas de la delincuencia organizada local,
alias ‘Abdelilah’, cuya libertad provisional fue una de las
que según varios testigos reprochó a Tesón, para “intentar
tranquilizar la ciudad”], las dos caras de la ‘pequeña
Sicilia’ volveran a verse en la capital de España diez años
después de su aparente desmantelamiento.
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