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Como consecuencia del grave
desencuentro sucedido entre agentes portuarios y locales, no
pocos vieron con esta oportunidad la posibilidad de
introducir aún más veneno y más leña al fuego de la
discrepancia, sin valorar el hecho de que como servidores
públicos que son los unos y los otros, la coherencia,
reflexión y buena praxis, tendría que ser la norma aplicable
y exigible tanto a los protagonistas del incidente como a
sus representantes.
No existirá el tan comentado protocolo de actuaciones y sí
el convencimiento de que la Ley previene todo tipo de
situaciones en tanto conocemos que el Puerto de Ceuta,
abierto a la ciudad, no es el de Málaga o el de Algeciras en
los que queda perfectamente delimitada la zona de actuación
por ser puertos cerrados y de acceso restringido para los
ciudadanos. En estos puertos es de muy fácil aplicación la
Ley de Puertos y Marina Mercante que previene la actuación
como agentes de autoridad en estos espacios cerrados, y
comunes para el uso de cuantos acceden a aquellos recintos
portuarios por diferentes y múltiples motivos.
Sin embargo las peculiaridades de Ceuta, también para la
demarcación territorial de su puerto, la hacen distinta en
la percepción global a cuantos puertos del Estado permanecen
como espacios restringidos. La reunión desarrollada entre
Autoridad Portuaria y Ciudad Autónoma reconoce, de nuevo, la
característica del puerto ceutí como abierto a la ciudad y
se acuerda continuar aplicando la coherencia y el sentido
común -que, en esta ocasión y en según quiénes, es el menos
común de los sentidos-.
El compromiso de avisar sobre futuros controles y prevenir
sobre futuras presencias concretas se ha vuelto a reiterar.
La defensa sobre el mejor servicio público tiene que
prevalecer consecuentemente con la Ley como prioridad por
encima de cualquier personalismo. Pero aún más importante es
restablecer la fluidez, por el bien ciudadano, de la ayuda
auxiliar que ha de prestarse a las Fuerzas y Cuerpos de
Seguridad del Estado.
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OPINIÓN / EDITORIAL
