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El presidente de la Comisión Española de Ayuda al Refugiado
(CEAR) en Andalucía, Ceuta, Melilla y norte de Marruecos,
Alberto Revuelta, elevó una queja formal al Defensor del
Pueblo, Enrique Múgica, por el caso de los más de 30
extranjeros procedentes de Bangladesh que, tras huir del
Centro de Estancia Temporal de Inmigrantes (CETI) en Ceuta,
permanecen en los montes colindantes. Pero este no es el
único caso que CEAR ha denunciado ante el Defensor del
Pueblo, porque ha presentado más de 170 quejas. Hace unos
días, Revuelta recibió la respuesta de Múgica, quien
reconoce que la postura de la Administración central es
“errónea” desde el punto de vista jurídico, social y
político.
“Está pasando igual que con los subsaharianos que llegan a
la península o el resto de extranjeros que entran por Ceuta
y Melilla. El problema es que, cuando no se puede expulsar,
lo sensato sería aplicar la norma que permite al Gobierno
facilitar una autorización provisional de trabajo”, explica
Revuelta. Este abogado interpuso, paralelamente, una demanda
por una presunta vulneración de derechos fundamentales
contra el Estado por trasladar a inmigrantes a la península
sin garantizar que puedan tener medios de subsistencia y
creando bolsas de marginación. El Tribunal Superior de
Justicia debe resolver este pleito. “Entonces el Defensor
del Pueblo ha pedido a la Administración que reconsidere su
posición sobre la base de estos argumentos. Es un pequeño
triunfo, en el sentido de que una institución comisionada en
las Cortes piensa que, evidentemente, lo lógico es que estas
personas tengan una autorización provisional de trabajo
mientras no se les pueda deportar porque en sus países haya
una situación complicada, porque el Gobierno no tenga
tratado de expulsión o por las razones que sean”, sostiene
el presidente de CEAR en Ceuta.
Efecto llamada
Revuelta considera que es una “tontería” pensar en efecto
llamada porque “la gente ya está viniendo”. Para este
abogado el problema no reside en que los inmigrantes tengan
o dejen de tener autorización y, se apoya en los datos de
este año. “Se ha expulsado a mucha más gente que en etapas
anteriores. Ahora mismo se han podido alcanzar las 49.000 ó
50.000 repatriaciones. Claro que se puede expulsar, pero
mientras no se pueda, lo que no se puede, es crear
situaciones tan complicadas como las que se viven en
Cataluña, Madrid o Valencia”, insiste.
Inmigrantes fugados
En cuanto al caso concreto de los 38 bengalíes huidos, el
representante de CEAR en la zona considera que la solución
pasa por dos cuestiones fundamentales. Por un lado,
transmitir a estas personas que el Centro de Estancia
Temporal de Inmigrantes (CETI) cubre todas sus necesidades y
les ofrece la posibilidad de aprender castellano y realizar
actividades. “El Gobierno español les ha dado una solución,
que es tener un sitio donde dormir, posibilidades de
estudiar, alojamiento e incluso dinero. Quizás es un
martirio chino permanecer durante dos años en Ceuta y
algunos incluso tres. Evidentemente es una situación de
tensión psicológica muy importante pero son adultos. Se han
ido voluntariamente con objeto de presionar y consentir
pasar a la península y el Gobierno no les va a dejar pasar
en esas condiciones”, asevera. Por otra parte, defiende que
no se puede tener a una persona durante dos o tres años
“perdiendo el tiempo” cuando existe la posibilidad de dar
una autorización provisional de trabajo en tanto en cuanto
no pueden ser expulsados.
Revuelta apuesta por soluciones que “tengan salida” a largo
plazo, como la iniciativa auspiciada por la Unión Europea de
crear escuelas de formación profesional en el África
occidental.
“Ahora mismo ha empezado la vendimia en toda la zona de la
Mancha sin contratos de trabajo. El problema es grave y han
debido preverlo porque el mismo Ministerio de Trabajo es el
que controla la inmigración”, comenta Revuelta. Ayer la
prensa nacional ya se hacía eco del conflicto. Más de 20.000
inmigrantes sin contrato de trabajo están acampando en la
zona porque los agricultores están dispuestos a retar al
Ministerio de Trabajo. Son familias rumanas y búlgaras, que
tienen derecho a residir a España por su incorporación a la
Unión Europea pero están sujetos a una moratoria que les
impide trabajar por cuenta ajena sin autorización expresa
del Gobierno hasta 2009.
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inmigración / derechos
fundamentales
