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La sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía
es firme, sin embargo el PSOE aún se plantea la opción de
recurrir la misma, según ha comunicado el portavoz del grupo
socialista, Enrique Moya.
De este modo, el político quiso matizar que el dictamen no
hace referencia al contenido de la aplicación de las cámaras
de videovigilancia que gestionarán el tráfico en la ciudad.
“La cuestión es que el PSOE no puede denunciar estos hechos
porque, al parecer, la defensa y lucha por los derechos
constitucionales de los ciudadanos extralimita las funciones
de un partido político”, espetó Moya.
Aún así el representante socialista aclaró que la oposición
a este sistema no fue una decisión tomada a la ligera y sin
fundamentar. “Para la gestión de este procedimiento
monitorizado debería haberse cumplido la ley de
videovigilancia, crear una comisión gestora y emprender el
proceso que conlleva por su cauce legal y no así porque sí”,
recalcó, a la vez que enumeró las diversas características
de las cámaras que incumplen la legislación y deberían
recogerse en un informe preceptivo. Según Moya, la
Delegación del Gobierno debería ser el órgano competente que
diera la aprobación a este proyecto.
Por el momento, el PSOE deberá hacer frente a las costas
judiciales, lo que se traduce en unos 1.200 euros.
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