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El proyecto de Ley de la Memoria Histórica que verá la luz
de la mano, al menos, de los diputados del PSOE, IU-ICV,
PNV, y Grupo Mixto, BNG, Chunta Aragonesista, Nueva Canaria,
entre otros “no obliga”, según la vicepresidenta del
Gobierno, a que los ayuntamientos modifiquen los nombres de
las calles con fechas o personajes de la Guerra Civil y del
franquismo. “Podrán hacerlo, pero no se fija un mandato
imperativo”, ha aclarado de la Vega, por lo que los llamados
‘pies de Franco’ o el Llano Amarillo seguirán a la vista
pública en Ceuta si así lo considera oportuno la Ciudad,
cuyos responsables han criticado el texto por pretender
“dividir a España” o atacar vestigios “que no ofenden a
nadie”, como lamentó el consejero de Presidencia, Pedro
Gordillo, en declaraciones a este periódico.
“El Estado no podrá obligar a un municipio a que actúe sino
que deberá ser el consistorio el que tome la decisión sobre
las calles y símbolos”, aclaró el Gobierno.
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El polémico y controvertido artículo 15 del proyecto de Ley
El motivo de la controversia
alrededor de la obligación o no de retirar los símbolos
franquistas del espacio público es el artículo 15.1 del
proyecto de ley, que señala literalmente que “las
administraciones públicas tomarán las medidas oportunas para
la retirada de escudos, insignias, placas, y otros objetos o
menciones conmemorativas de exaltación, personal o
colectiva, de la sublevación militar, de la Guerra Civil y
de la represión de la Dictadura. Entre estas medidas podrá
incluirse la retirada de subvenciones o ayudas públicas” a
los propietarios privados. No obstante, a continuación
matiza que estas medidas no se aplicarán cuando las
menciones sean “de estricto recuerdo privado sin exaltación
de los enfrentados” o cuando “concurran razones artísticas,
arquitectónicas o de interés general”.
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