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Tema resuelto. El Consejo de Gobierno y posteriormente su
portavoz, Yolanda Bel, dieron ayer por cerrado sin que se
haya detectado ninguna irregularidad el denominado ‘caso
Nóminas’, el presunto “escándalo” que Mohamed Ali creyó
destapar, Decreto de la Viceconsejería de Recursos Humanos
en mano, a finales del pasado mes de julio. La portavoz
gubernamental aseguró ayer que lejos de los “miles de euros”
de los que habló en su momento UDCE-IU de abonos irregulares
en el pago de complementos específicos la desviación en las
cuentas de la Ciudad no pasa de “570 euros al mes durante
dos años”.
Ni 600.000 euros de desfase ni nada que se le parezca. Menos
de dos millones y medio de pesetas durante los dos últimos
años, o lo que es lo mismo, 13.680 euros. Eso es lo que
reconoció ayer la portavoz del Gobierno ceutí, Yolanda Bel,
que la Administración ha abonado de más a un pequeño grupo
de funcionarios cuyo número no concretó durante los dos
últimos años a razón de “570 euros mensuales”.
Esa y que tanto los beneficiados como los perjudicados por
el “error en los cálculos” que, según la versión oficial, se
ha producido en Nóminas desde 2005 (Bel dijo que hay 15
afectados, algunos de los cuales cobraban de más y otros de
menos), se verán obligados a restituir (o percibir) la
descompensación positiva o negativa sufrida en sus sueldos
durante los dos próximos años a partir del mes próximo
fueron las principales conclusiones de las explicaciones
aportadas por la portavoz gubernamental.
La consejera se remitió para justificar sus palabras a un
informe “técnico” elaborado por personal no político de las
áreas de Intervención, Recursos Humanos y el Centro Proceso
de Datos que, según dijo, demuestra que no hubo “ninguna
irregularidad” más allá de un error de cálculo que asciende
“al 0,01% del montante total de las nóminas de los
funcionarios municipales.
“El estudio”, detalló Bel, “se ha realizado tomando como
referente las nóminas del pasado mes de septiembre, que al
no tener modificación alguna sirve como una buena muestra
tipo”.
La consejera destacó que, contra lo denunciado por el primer
grupo de la oposición en la Asamblea, “el desfase en los
pagos no asciende a miles de euros, como se dijo, sino a un
0,01% del montante total de los sueldos que cada mes abona
la Administración a sus funcionarios”.
Desde el 27 de julio, un día después de que se conociera el
Decreto de Álvarez sobre Racero, el Gobierno ceutí ha
defendido que el tema entre manos era “una cuestión más
administrativa y técnica más que política”, según palabras
del propio Vivas
A pesar de ello, apenas diez días después de la rueda de
prensa de Ali el viceconsejero de Recursos Humanos de la
Ciudad Autónoma de Ceuta, Javier Ángel Díez Nieto, ordenó la
incoación de un expediente disciplinario al jefe de Nóminas
de la Administración local, Francisco Martínez Racero,
secretario de Organización del Sindicato de Policías,
Bomberos y la Administración local (Sinpobal), por no
corregir el cálculo que venía efectuando de los complementos
específicos que deben abonarse a los funcionarios que
desempeñan funciones de superior categoría al servicio de la
Asamblea, como le había instado a hacer la antecesora en el
cargo de Díez, Adelaida Álvarez. Dicho expediente, que CSI-CSIF
pidió archivar de inmediato hace días, aún no ha concluido.
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balance del consejo de gobierno
