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La sanción que ha impuesto la
Ciudad Autónoma de Ceuta, a través de la Consejería de
Fomento, dentro de las competencias que tiene transferidas,
a la todo poderosa Endesa, no ha dejado indiferente a nadie.
La acción valiente del gobierno autónomo, en el ejercicio
del derecho y el deber que asume en nombre de los ceutíes
para protegerlos de situaciones como las sucedidas con
reiteración, perfectamente catalogadas por sus anomalías, es
digna de mención.
Endesa, por muy poderosa que se crea no debe, ni puede
menospreciar a los ciudadanos españoles por su incompetencia
e incapacidad por asumir la producción de energía suficiente
para una ciudad que se desarrolla y evoluciona como la
ceutí.
Anquilosada e invirtiendo lo mínimo, Endesa ha tenido meses
atrás una lamentable gestión productiva envuelta en la
incapacidad de ampliar sus servicios sin que la población
hubiera tenido que padecer dos ‘ceros’ patateros de una
planta que se supone es estratégica para el país, y así ha
sido defendida por el Gobierno cuando las famosas OPAs.
Más de 660.000 euros, o lo que es lo mismo, más de 110
millones de las antiguas pesetas de sanción que, por otra
parte, Endesa ya ha anunciado que recurrirá.
En cualquier caso a la Ciudad le respalda la razón y con
este gesto demuestra la defensa de los intereses de los
ciudadanos. El Gobierno central, que mantiene la planta con
la característica de ser estratégica, no ha sabido, no sabe
y no sabemos si sabrá afrontar el hecho de que Ceuta sea una
llamada isla energética, porque así se ha querido desde
Madrid. Circunstancia que no cuadra con que nuestro país,
desde Tarifa, envíe un cable submarino para cubrir
necesidades energéticas en el norte de Marruecos [acuerdos
internacionales]. El que Ceuta deje de ser una isla
energética sólo está en manos del Ministerio de Fomento, o
sea, del Gobierno de España.
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OPINIÓN / EDITORIAL
