|
Los guardias civiles son, según el proyecto ‘Acción contra
la discriminación (ACODI)’, que se presentará en formato
libro pasado mañana por las oenegés SOS Racismo y Women`s
Link Worlwide, los responsables de “la mayoría de los casos
de agresiones racistas que se registran en España,
especialmente en las fronteras de Ceuta y Melilla”, donde se
documentaron el 60% de los más de 600 casos de
discriminación investigados, según adelantó ayer en
declaraciones a este periódico el abogado de la primera de
las organizaciones Diego Lorente.
“En las fronteras de Ceuta y Melilla se vulneran los
derechos fundamentales de las personas que intentan entrar
en España por parte de las autoridades españolas y
marroquíes”, denuncia el informe elaborado.
Javier Ramírez, también abogado SOS Racismo dijo que “las
propias Fuerzas y Cuerpos de la Seguridad del Estado son las
que agreden a los extranjeros para después poner ellos
mismos denuncias en su contra por figuras penales”. En
concreto el libro presenta 43 casos en los que están
implicados agentes de policía o guardas de seguridad
contratados por organismos estatales, a los que se acusa de
sanciones físicas y verbales.
Es decir, según manifestó Ramírez anteayer en rueda de
prensa en Madrid “las víctimas son agredidas y se ven
detenidas y llevadas ante un juez porque algunos agentes de
la policía les denuncia por estos tipos de actos’, apuntó, y
‘esto provoca la falta de confianza en la policía y es un
ejemplo muy claro de un gran obstáculo en el acceso a la
justicia”.
612 casos investigados
El proyecto ACODI, que fue desarrollado por ambas
organizacones no gubernamentales, recopila un total de 612
casos de discriminación (no necesariamente con violencia
física de por medio) sobre los que se inició una
investigación con un seguimiento de la actuación de la
Justicia y los resultados finales de las denuncias penales.
La investigación se llevó a cabo entre enero y diciembre de
2005 y se llevó a cabo, principalmente, en las comunidades
de Andalucía, Navarra y Madrid y en las ciudades autónomas
de Ceuta y Melilla.
Según la directora ejecutiva de Women’s Link Worldwide,
Viviana Waisman, en el 25% de los casos recogidos en la
publicación fueron funcionarios públicos los que cometieron
la discriminación, pero en el 84% de los casos no se
denunció formalmente el acto discriminatorio y en ninguno de
los ocho procesos que se han iniciado y finalizado durante
la investigación tuvo una resolución favorable para la
víctima.
Un 25% están relacionadas con la actuación de los
funcionarios en organismos públicos, sobre todo, de aquellos
que están relacionados con el acceso de inmigrantes a la
sanidad, que ocupan un 91%”, según destacó Waisman.
Además, “el 89% de los casos en que hubo discriminación por
raza, etnia, y género, comenzaron por un control de
identidad”, añadió Waisman. En este sentido, la responsable
de Women’s Link Worldwide quiso recalcar la falta de
confianza de las víctimas en el sistema judicial.
Durante la presentación del estudio en la capital de España
la joven ecuatoriana Beauty Solomon relató su propia
experiencia, en la que un policía le agredió repetidas veces
con su porra y le propició insultos racistas tras un control
de documentación. “Ese mismo día fui a poner la denuncia, y
todavía no he recibido una respuesta”, concluyó la víctima.
Las dos organizaciones que firman el ‘Proyecto ACODI’
criticaron también la falta de eficacia del sistema judicial
en lo relativo a la resolución de los casos de
discriminación y consideraron este hecho como un “segundo
caso de discriminación”.
Para colmo, Ramírez denunció, denunció que “la víctima vive
una situación en la que queda muy afectada psicológicamente,
y cuenta con muy poco apoyo legal y psicológico”. Además,
“no conocen sus derechos, no saben a quién acudir, tienen
miedo, y no tienen apoyo de la Administración”, aseguró.
En este sentido, el representante de ‘S.O.S. Racismo’ señaló
que “el Estado español está obligado, por la directiva
europea 43/2000, a crear un agravante de discriminación que
apoye a las víctimas”.
|
inmigración 
