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El Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 2 de
Ceuta decidió ayer admitir a trámite la demanda de
protección jurisdiccional de sus Derechos Fundamentales,
entre ellos el de participación política como elegibles en
las generales del próximo mes de marzo, que tres ex
militantes de la Federación del PSOE de la ciudad autónoma
presentaron el pasado 14 de noviembre solicitando la
“nulidad radical” de la disolución del partido que Ferraz
acordó el 10 de octubre “ante la imposibilidad de un
funcionamiento normal” de la Comisión Gestora que la
Ejecutiva Federal nombró tras la dimisión, la misma noche
electoral del 27 de mayo y antes de que terminasen de
contarse los votos, de la que había sido su secretaria
general desde 2000, Antonia Palomo.
Según informaron ayer fuentes jurídicas a este periódico el
juzgado ha fijado, asimismo, el próximo 12 de diciembre como
fecha para la vista en la que decidirá si atiende o no la
suspensión cautelar de la decisión de la Federal en tanto
que se dicta una sentencia definitiva.
Entretanto el juez dará traslado inmediatamente a la
dirección nacional socialista de la demanda suscrita por el
ex presidente de la Ciudad Autónoma, Basilio Fernández; el
secretario general de UGT-Ceuta, Antonio Gil, y el que fuera
miembro de la Ejecutiva Regional socialista José Luis
Martínez López para que en el plazo de veinte días hábiles
aporten sus argumentos de parte al sumario principal del
caso, del que también se dará cuenta a la Fiscalía para que
se pronuncie al respecto.
La demanda, que por afectar a los Derechos Fundamentales
goza de tramitación preferente, pretende demostrar que la
Federal socialista erró “tanto en la forma como en el fondo”
al disolver la Federación socialista ceutí e incurrió en una
vulneración de los artículos 22, 24 y 25 de la Constitución
Española, así como de la Ley Orgánica de Partidos Políticos
y la Ley Orgánica reguladora del Derecho de Asociación.
En su tenor literal los demandantes, que han asegurado estar
dispuestos a defender su postura “hasta el Constitucional”
si fuera necesario, recuerdan que aún no se conocen cuáles
fueron las razones de la Federal para disolver la
Federación; denuncian que no se les concedió la posibilidad
de ser oídos previamente ni de presentar recurso alguno con
posterioridad y critican que se adoptó en base a un
Reglamento [la Normativa Reguladora de la Estructura y
Funcionamiento General del partido] que “si hubiera tenido
que pasar un control administrativo de legalidad nunca lo
hubiera superado”.
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partido socialista obrero españoL
