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La ‘maldición’ que persigue a la fatídica sociedad municipal
‘Acuicultura’ en manos de Procesa, ha vuelto a hacerse
presente, esta vez, en forma de resolución judicial.
El magistrado juez titular del Juzgado de Primera Instancia
e Instrucción número 4 de los de la ciudad, Javier Romero
Jiménez ha dispuesto estimar las medidas cautelares
solicitadas por la mercantil ‘Mejillones y Mariscos de Ceuta
SL’ y ha obligado a Procesa [que tutela Acuicultura] a
paralizar la venta, de la nave donde se ubicaba, a la Unión
de Empresarios del Tarajal que, representados por el
apoderado, Antonio Díaz Sanz, habían llegado a un acuerdo
con la Sociedad de Fomento municipal posterior al acuerdo de
adjudicación tomado por el Consejo de Administración en
concurso público desde donde se adquirió el compromiso de
venta por 2.450.000 euros a ‘Mariscos y Mejillones SL’.
Vayamos por partes. En uso de las facultades de Acuicultura,
se decidió publicitar una oferta de venta parcial de sus
activos. Concurrieron tres mercantiles que optaban por la
compra: Alice, la UTE del Tarajal y ‘Mariscos y Mejillones’.
El resultado de esta oferta pública fue la adjudicación a
‘Mariscos y Mejillones’ tras perfeccionarse la concurrencia
de la oferta en base a algunas condiciones esenciales que
fueron aceptadas por parte de la adjudicataria tras la
celebración del consejo de administración de la sociedad el
pasado 15 de septiembre de 2006.
Cuando todo parecía encarrilado, algo empezó a ‘torcerse’
desde las entrañas de Procesa [en lo que entrará el juez una
vez iniciada la maquinaria judicial]. De tal modo que cinco
meses después de la aprobación de adjudicación, se emitió un
documento proforma de compraventa huérfano de las
condiciones esenciales [precio y forma de pago] fijadas en
el proceso de adjudicación. Es más, incluso, se argumentó
que “por problemas de licencias y segregación de la parcela”
aún no se estaba en condiciones de “otorgar la
correspondiente escritura pública”. [la nave de Acuicultura
no contaba con ninguna licencia municipal, como el resto de
las naves del Tarajal, hasta hace bien poco].
De manera bien curiosa, en abril de 2007 se plantea desde la
sociedad municipal [que debe velar por el desarrollo y
fomento de las actividades económicas en Ceuta proyectando
fluidez, cooperación y dinamismo] un nuevo documento
proforma de compraventa en el que se incorporan todavía más
variaciones; añadiéndose un derecho de tanteo a favor de
Acuicultura SA y Procesa por un plazo de 5 años. Un derecho
de tanteo que, se anota, se prorrogaría indefinidamente a
partir del sexto año.
Situación ésta que daña flagrantemente cualquier fórmula de
financiación ya prevista antes de los sucesivos cambios
promovidos desde la sociedad de fomento.
Ante estas novedosas circunstancias, la empresa
adjudicataria trató de plantear fórmulas para el nuevo
escenario unilateralmente fijado. Algo que es reforzado con
algún acta notarial. Sin embargo, el silencio en Procesa fue
la respuesta al intento de renegociación.
Vuelve a ser curioso que en este ‘interin’, y ya con el
nuevo equipo de gobierno tras las elecciones locales de
junio, algún medio de comunicación destapó que la intención
de Procesa era enajenar los activos de Acuicultura al grupo
de empresarios del Tarajal representados por Antonio Díaz
quienes además, presuntamente habrían abonado ya unos
240.000 euros.
El juzgado, a donde recurrió por indefensión Mariscos y
Mejillones, ha advertido a Procesa que ni se le ocurra
vender hasta que resuelva.
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El Juez trata de evitar cualquier posibilidad de fraude en
la venta
El titular del juzgado número 4
ejerce el derecho de tutela judicial efectiva, reconocida y
garantizada por la Constitución arbitrando una medida
cautelar como lo es la paralización de la venta de activos
de Acuicultura a un tercero después de pactar formalmente y
de un modo anterior con otro, al que de algún modo se le ha
pretendido demorar la entrega de lo adjudicado, “permitiendo
con ello al actor que sus expectativas de triunfo en el
pleito no se vean defraudadas en la fase de ejecución de
sentencia por la desaparición (...) transmisión de lo
justamente obtenido debido a la actuación fraudulenta o no,
de la otra parte en el procedimiento”, explicita el Juez en
sus Fundamentos de Derecho para decretar la paralización
cautelar de la venta de los activos de Acuicultura SA.
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decisión judicial
