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ACTUALIDAD - LUNES, 3 DE DICIEMBRE DE 2007


jovenes alumnos. archivo.

UDCE-IU NEGOCIA CON EL GOBIERNO LOS PRESPUESTOS
 

Pan y libros para todos

La gratuidad de los libros de texto está implantada, en diferentes fases, en
gran parte de las autonomías españolas de forma similar; el modelo del Ingreso Mínimo de Inserción es más heterogéneo
 

CEUTA
Gonzalo Testa

local
@elpueblodeceuta.com

El portavoz de UDCE-IU y, como tal, líder de la oposición en la Asamblea, se enfrenta la próxima semana a dos retos mayúsculos. El primero de ellos pasa por resolver con éxito las conversaciones que, hace ya muchos días, inició con el Gobierno de Juan Vivas para intentar consensuar los Presupuestos Generales de la Ciudad para 2008. El segundo, más difícil si cabe aún al estar condicionado por el primero, explicar a su electorado cómo puede un partido como el suyo, que durante meses ha hecho bandera de la izquierda y el progresismo, pactar el documento que vertebrará la política de un Ejecutivo presuntamente contrario a su ideología durante los próximos doce meses.

Se trata, en realidad, de una cuestión de fondo sobre qué es la política (“una actividad cuyo objetivo es el de resolver pacífica y razonablemente conflictos entre las personas y los grupos humanos”, según el sociólogo Imanol Zubero) y cómo articular su ejercicio con sentido ético y coherencia teoría y práctica. O lo que es lo mismo, ¿se puede pactar con el PP si así se logran objetivos políticos que de otra forma serían inalcanzables?.

UDCE-IU cree que si consigue poner en marcha un programa de gratuidad de los libros de texto para luchar contra el fracaso escolar y si se puede implantar, aunque sea de forma embrionaria, un salario social (Ingreso Mínimo de Inserción, IMI, en términos oficiales) para hacer frente a las altas tasas de población ceutí que vive por debajo del umbral de la pobreza no sólo se puede. Se debe.

Ambos planteamientos (el tercer “reto”, el de garantizar la inversión en el Príncipe, se da por supuesto) forman parte de un desafío “progresista” que a muchos socialistas, algunos de ellos parte del núcleo duro que rodeó a Toñi Palomo durante sus años al frente del PSOE ceutí, sorprende que nunca acometiese su partido. “Ceuta tiene la particularidad”, explican, “por sus características demográficas y geográficas, en la que cualquier medida del tipo de las planteadas por UDCE-IU al PP no exige un desembolso demasiado gravoso, sobre todo en el marco de los presupuestos del Estado, pero sí tienen una relevancia destacada”.

No se trata, además, de ninguna rara avis en el panorama político e institucional nacional y europeo. En la mayoría de los países europeos las familias no tienen que pagar por los libros de texto de sus hijos y muchas comunidades autónomas hace tiempo que pusieron en marcha, de forma progresiva, programas para la gratuidad de los libros de texto. Sólo en Irlanda, Eslovaquia y Portugal los padres de nuestro entorno más inmediato se ven obligados a pagar los libros de texto de sus hijos según un estudio elaborado por la Confederación Española de Asociaciones de Padres y Madres de Alumnos (Ceapa).

En Noruega, Islandia, Suecia, Dinamarca, Reino Unido, Francia, Holanda, Grecia e Italia, así como en varios estados alemanes, los manuales son gratis en Primaria, mientras que en secundaria en varios de esos países pagan los padres. En cualquier caso, es costumbre que los centros educativos alquilen los libros u organizan un mercado de libros usados.

En España, los padres de los alumnos llevan una década luchando porque los libros de texto escolares sean gratuitos para las familias con hijos matriculados en colegios públicos y concertados amparándose en que la propia Constitución señala en su artículo 27 que la “enseñanza básica es obligatoria y gratuita”.

“Tal y como está configurado el sistema educativo, el libro es todavía un elemento imprescindible que las familias están obligadas a adquirir cada comienzo de curso. En realidad, al exigir este esfuerzo económico no se cumple con el precepto constitucional, ni se garantiza la igualdad de oportunidades de todos a la educación”, opina Ceapa, que calcula que cada familia paga por cada hijo al comienzo de curso sólo en libros de texto entre 180 y 230 euros.

Ceuta forma parte de las regiones españolas que no cuentan, por ahora, con “ningún plan diseñado” desde el gobierno autonómico para asumir el coste de los libros de manera generalizada, aunque sí conceden ayudas para la adquisición de los manuales. Este año la Ciudad Autónoma entregó un total de 6.050 ayudas al estudio por un importe máximo de 140 euros para Educación Infantil, Primaria y Secundaria por un montante total de 635.000 euros para su canjeo en librerías y papelerías locales. Para el año próximo, además de anunciar un aumento del 10% en el presupuesto para estas becas la consejera del ramo, Mabel Deu, ha anunciado que por fin habrá una “acción concertada” con el Ministerio de Educación para que las ayudas que conceden ambas instituciones no se solapen.

El “salario social”

La del Ingreso Mínimo de Inserción (IMI), más conocido como salario social, es una reivindicación aún más ambiciosa (y costosa). Este salario pretende “paliar las dificultades por las que atraviesan determinados grupos sociales, familias o personas, debido a la carencia de recursos por las situaciones desfavorables en que se desenvuelven o por la marginación social en que se encuentra, y que les impide atender las necesidades básicas de la vida”, según la descripción del Gobierno cántabro.

El debate sobre la instauración de un ingreso de este tipo se abrió, con la oposición del Gobierno central, a iniciativa de los sindicatos en 1990. Desde entonces su implantación ha tenido un desarrollo desigual en las distintas comunidades autónomas. En el sur de Europa, Francia fue el primer Estado en establecer en 1988 un programa de garantía de ingresos que actuara a modo de cierre del sistema de protección social, creando un nuevo mecanismo asistencial con vocación de atención universal a la población.

Este modelo se presentó como alternativa a los sistemas establecidos en el centro y norte del continente basados en una prestación exclusivamente económica, a la que Francia incorporó una dimensión propiamente social, centrada en el objetivo de inserción de los beneficiarios de estos programas.

El Ingreso Mínimo Familiar vasco (IMF) de 1989 fue el primer paso en ese mismo sentido en España, que se caracterizó por la renuncia del Estado a liderar este proceso y a dejarlo en manos de las Comunidades Autónomas, que en su práctica totalidad ya han puesto en marcha iniciativas similares al margen de la Seguridad Social.

Según Luis Sanzo, de la Asociación Red Renta Básica, además, con resultados muy positivos, sobre todo en las regiones donde la política de rentas mínimas “ha alcanzado cierta relevancia”. Para Sanzo este es el caso de Navarra, Madrid o Euskadi, donde con una inversión del 0,21% del PIB anual se ha conseguido beneficiar al 3,5% de las unidades familiares vascas.

El sistema español de protección asistencial, que presenta un diseño dual donde la cobertura de necesidades específicas corre a cargo del Estado mientras que la protección general contra la exclusión social de cualquier tipo es competencia de las Comunidades Autónomas.

De esta forma las rentas mínimas se han convertido en el último recurso de los sistemas de protección social en forma tanto de rentas de subsistencia periódicas como de ayudas de emergencia concretas para responder a situaciones específicas de emergencia social sobre los principios de solidaridad (redistribución), inserción (inversión en capital humano), vertebración social (externalidad positiva) y extensión de los derechos sociales (bienestar social).

Según los datos del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales a partir de los datos proporcionados por las Comunidades Autónomas, en 1999 había 70.063 beneficiarios titulares con 202.416 beneficiarios miembros dependientes de IMI en toda España, un 0,5% de la población nacional. El gasto total presupuestado de las rentas mínimas de inserción más las ayudas de emergencia social ascendió en 1999 a 197 millones de euros.

En resumen, la comparación de los diecisiete diferentes sistemas de rentas mínimas de inserción en España existe un modelo que incluye una ayuda económica y acciones de apoyo y acompañamiento social para la inserción en la línea del modelo francés (Euskadi, Madrid o Cataluña); otro que se basa en programas de empleo social que proporcionan en empleo temporal de utilidad social con los derechos derivados de una relación laboral por cuenta ajena (Asturias, Andalucía y Ceuta) y un tercero que se basa en prestaciones económicas de los servicios sociales que incluyen acciones simbólicas de inserción (Aragón o Murcia).

A pesar de su heterogeneidad hay elementos comunes en todos ellos: suele tratarse de prestaciones que toman como referencia a la unidad familiar o de convivencia, son requisitos obligatorios disponer de unos ingresos inferiores a la cuantía de la prestación que le corresponde, que se establece por un periodo de tiempo determinado (generalmente prorrogable) a personas de entre 25 y 65 años vinculada a acciones de inserción (en Madrid, por ejemplo, los perceptores están obligados a acudir a cursos de formación profesional del INEM). El montante oscila entre 250 y 400 euros en función del número de miembros de la unidad familiar.
 


Tras los pasos de Castilla-La Mancha, Andalucía,
Aragón, Cantabria, Galicia y La Rioja

Castilla-La Mancha fue la primera región que empezó a implantar gradualmente la gratuidad de libros de texto, que este año, siete después de aquellos primeros pasos, llegará a todos los niveles de Primaria y ESO. Desde el primer curso, en que se benefició a 1º y 2º de ESO, la gratuidad se ha ido extendiendo paulatinamente a todos los niveles sobre un esquema muy simple: los docentes deciden los libros a comprar y los colegios entregan a sus alumnos un vale canjeable en las librerías, que a su vez entregan su factura a los colegios. Los centros escolares, a su vez, reciben dinero de la Consejería de Educación. Los libros pertenecen al colegio y pasan de un alumno a otro durante cuatro años si no se estropean. Aunque al principio se preveía que habría que renovar el 5% del material cada curso por deterioro, durante los dos primeros años no hubo que cambiar más del 1,5%.

La Junta de Andalucía ha comenzado este año a implantar la gratuidad de los libros de texto, también en calidad de préstamo, en 1º y 2º de Primaria (como Cantabria, que piensa ampliarla a toda la enseñanza obligatoria) y desde el año pasado costea los de alumnos con dificultades sociales o con necesidades educativas especiales. Aragón va un paso por delante y este año ha extendido su programa a toda la Primaria, 1º y 2º de ESO.

En Galicia este curso, todos los alumnos de Primaria recibirán gratis sus libros de texto bajo el sistema será el de préstamo y a los padres que ya hayan comprado los libros se les reembolsará el dinero. En La Rioja la Administración autonómica costea la gratuidad en los cuatro cursos de la ESO y en Cataluña se ha puesto en marcha un ‘Programa Cooperativo para el Fomento de la Reutilización de los Libros de Texto’ en 522 centros educativos.
 

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