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El Gobierno de la Ciudad Autónoma de Ceuta elevará hasta un
millón de euros la previsión inicial que tenía, según
aseguró ayer el portavoz de UDCE-IU, Mohamed Ali, de
destinar 20.000 euros a la puesta en marcha de un proyecto
piloto con un reducido número de familias y a la realización
de un estudio sobre la oportunidad de implantar el Ingreso
Mínimo de Inserción (IMI) o salario social en Ceuta.
Por ello Ali se mostró ayer “muy satisfecho” al destacar que
serán “más de 200 familias” las que perciban,
previsiblemente a partir del próximo mes de septiembre, un
mínimo de 220 euros mensuales para paliar sus necesidades y
“contribuir a reducir las altas tasas de población por
debajo del umbral de la pobreza que sigue registrando
Ceuta”.
Según detalló el portavoz del Grupo Parlamentario UDCE-IU la
puesta en marcha del salario social se hará “lo antes
posible”, aunque reconoció que costará “aproximadamente un
semestre” terminar el Reglamento que será necesario elaborar
para regular la forma de concederlo y sus posibles
receptores, así como estudiar las posibles
incompatibilidades que pueda tener con otras prestaciones
públicas como las que actualmente da el Imserso “para que
nadie se vea perjudicado por esta iniciativa”.
El salario social, una prestación económica para las
situaciones más delicadas cuya implantación el Estado se ha
negado sistemáticamente a encabezar durante la última
década, establece en todas las autonomías españolas donde ya
se ha puesto en marcha unos ingresos mínimos vitales de
subsistencia para unidades familiares de convivencia
independientes y viene a paliar muchas situaciones de
pobreza extrema, en ocasiones como complemento de otras
rentas (viudedad, por ejemplo) y en otras como ingreso
básico y único de unidades familiares muy precarizadas.
Habitualmente, y para garantizar que este tipo de
prestaciones sean efectivas, su percepción se vincula al
desarrollo de contraprestaciones por parte de los receptores
en términos de programas de inserción individual,
compromisos que hay que suscribir y cumplir con el fin de
que los departamentos de Servicios Sociales evalúen, al
término del periodo que se estime oportuno (generalmente
medio año) si los usuarios pueden y deben seguir recibiendo
esa renta mínima de inserción o no. “Debe quedar claro”,
apuntó Ali, “que el salario social tiene que ser más que una
mera prestación económica, sino un instrumento para
facilitar la formación de determinados colectivos, la
búsqueda de trabajo y su inserción en igualdad en la
sociedad”.
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