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Los docentes no son considerados figuras de autoridad por
parte de la legislación vigente por lo que las amenazas y
agresiones a estos no conllevan las mismas penas que si los
implicados fueran agentes de la ley como Policías y Guardias
Civiles.
Ante la impunidad con que se saldan muchos casos de este
tipo, los sindicatos tratan de acogerse a la jurisprudencia
y trabajan por lograr ‘blindar’ a los maestros contra
agresiones de padres y alumnos. La fórmula es que se
considere que cuando se agrede a un docente se está
atentando contra una autoridad en el ejercicio de su
profesión.
Las agresiones de alumnos y padres a profesores y demás
personal de los centros de enseñanza no están a la orden del
día en Ceuta, aunque, por desgracia, son más frecuentes de
lo deseado en muchas de las ciudades más importantes de
España como Barcelona, Madrid, Valencia o Sevilla. La
espiral de violencia en las aulas cobra protagonismo en los
informativos mientras los profesores permanecen en el punto
de mira.
Habida cuenta de la realidad, los sindicatos y los propios
afectados trabajan para lograr un endurecimiento de las
penas para que la agresión a un docente no le salga barata
al infractor. Hasta el momento, la ley considera que
cualquier atentado contra la integridad de un docente en el
ejercicio de su labor debe ser castigada como cualquier otra
acción de este tipo que tenga como protagonistas a
ciudadanos de a pie en cualquier escenario. En resumidas
cuentas, la agresión a un maestro no es un atentado contra
una figura de autoridad como podría ser un Policía o Guardia
Civil.
Una instrucción de la Fiscalía General del Estado abogaba
por aumentar jurídicamente el estatus de los docentes ante
un atentado contra su integridad. En 2006, y durante el
transcurso de varios procesos judiciales en Cataluña,
Andalucía y la Comunidad Valenciana, los fiscales de los
respectivos casos solicitaron endurecer las penas a los
agresores por considerar que el maestro, como funcionario
que es, está dotado de autoridad. En estos procesos se llegó
a solicitar hasta tres años de prisión para los acusados por
los ataques al profesorado.
Finalmente, y pese a los intentos de la Fiscalía General del
Estado, y los sindicatos no se consiguió establecer como
vinculante para todo el territorio la instrucción del primer
ente.
La realidad es que la legislación no ampara la petición de
mayores penas para los agresores por atentado contra la
autoridad. Aún así, y en casos de ataques con consecuencias
de importancia para el o la afectada, los abogados suelen
acogerse a los artículos 550 y 551 del Código Penal,
aquellos donde se prevén sanciones por atentados contra la
autoridad, según explicó María Victoria Carrer, secretaria
general de Justicia de UGT. Mientras, se saldan con penas
leves o faltas aquellas situaciones donde las consecuencias
físicas no son visibles como las amenazas o las lesiones
menores.
La ausencia de una normativa clarificadora en este aspecto
hace que muchas veces, tal y como explicó Carrer, según el
Juzgado o el fiscal presente en el proceso, se pida más o
menos tiempo de condena.
La lucha sindical
La Federación de Trabajadores de la Enseñanza de la Unión
General de Trabajadores (FETE-UGT) en Ceuta considera
“esencial” un cambio de estatus del profesorado ante las
amenazas y agresiones. “Estamos trabajando por la extensión
a los docentes de la consideración de figuras de autoridad”,
informó el secretario de organización de FETE-UGT, Francisco
Lobato.
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La directora del colegio San Daniel amenazada, el último
caso público de acoso a un docente
La Ciudad Autónoma de Ceuta, a
diferencia de otras muchas regiones de España, no destaca
porque la violencia en las aulas sea catalogada como un
problema educativo importante. Casos hay, aunque son
aislados y, por fortuna, poco numerosos. No obstante un caso
podría prender la mecha que desatara una espiral de
violencia.
Ceuta parecía haber olvidado ya la problemática de las
amenazas y acosos de padres de alumnos a profesores de los
centros cuando esta semana un caso ha llamado la atención de
la opinión pública, el de la directora del colegio San
Daniel.
La responsable del centro está pasando un auténtico calvario
ya que el intento de agresión sufrido por ésta el pasado
lunes no es el primer episodio de este tipo que padece por
parte del padre de un alumno calificado de “conflictivo”.
Tras poner la pertinente denuncia, la directora del San
Daniel se encuentra sumida en un doble proceso, el judicial
ante el padre del alumno y el administrativo, ya que se está
incoando un expediente disciplinario al menor implicado.
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inseguridad en las aulas
