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Que a Enrique Moya, aquel director provincial que salió del
INEM en junio de 2006 hacia un incierto destino en el MEC
para preparar desde allí y con tiempo la campaña electoral
del PSOE a las autonómicas de mayo pasado, no le ha gustado
nunca el trato con los medios es cosa sabida. No le gustaba
entonces, no le gustó mientras fue presidente de la Comisión
Gestora y tampoco le gusta ahora como coordinador electoral
de la Comisión Delegada de la Federal que preside De la
Encina.
A nadie debe extrañar, por tanto, que Moya hiciera de las
apariciones en la prensa de los críticos del PSOE una pata
fundamental de su argumentario ante Ferraz contra ellos el
pasado 6 de octubre, cuando consciente de que sus
adversarios internos tenían ya muchas más firmas de las que
necesitaban para convocar, de acuerdo con los Estatutos de
la Federación ceutí, un Congreso Extraordinario. Ese día
Moya decidió hacerle el harakiri al partido. Nunca se dijo,
sin embargo, hasta que anteayer lo desveló en sede judicial
el abogado de la Federal socialista. Sin embargo, lo más
curioso son los argumentos que utilizó, “absolutamente
sesgados”, “peyorativos” e “incomprensibles” según los
cuatro políticos con los que este periódico compartió ayer
la lectura de su carta.
“Nada más ser nombrada la citada Gestora”, arranca Moya la
misiva “descriptiva” que le había pedido Ferraz, “salió a
los medios un reducido grupo de militantes, minoritario pero
muy activo en los medios, manifestando su disconformidad en
contra de la Ejecutiva Federal en cuanto a la composición de
la misma”. “La utilización de los medios siempre se ha
considerado desde la Gestora como una manera de presión para
imponer su criterio y, dado que no funcionó en primera
instancia, realizaron una campaña de recogida de firmas que
tampoco les funcionó”, reitera el socialista. “Su intención
de trasladar una versión radicalmente distinta de la
realidad es evidente”, analizó ayer un crítico sobre esta
parte del texto con un acta notarial donde se acredita el
respaldo de 98 militantes a sus posiciones.
El asunto mediático le sirve también a Moya para reprobar a
su por aquel entonces compañero de Gestora, Juan José León
Molina, al que acusa ante la Federal de posicionarse como el
“portavoz” del “autodenominado ‘sector crítico’” e incluso
de postularse “como futuro candidato a secretario general”.
No obstante, lo de los medios sólo fue, como él mismo dice,
“el principio”. “Dada la consideración que siempre se les ha
dado como grupo de militantes minoritario”, describe,
“optaron por plantarse en la sede del partido planteando no
moverse hasta que no se les hiciera caso a sus aspiraciones
y amenazando con más actuaciones si no se atendía a su
petición de celebrar un Congreso Extraordinario o, en el
peor de los casos, una Asamblea abierta”.
“De corte peyorativo”
No es la única vez que Moya confiesa en su carta sentirse
“amenazado”, aunque nunca llega a decir con qué. Tal vez
porque los muy condenados se buscaron las peores compañías
“sin ningún tipo de autorización” y se les ocurrió reunirse
nada menos que con el PSPC, al que define como “una escisión
del PSOE”, y la UDCE, formación a la que se refiere
escuetamente como “de corte musulmán”.
“Es peyorativo, es de desagradecido y es absolutamente
inaceptable en un presunto líder político progresista”,
valoró ayer la descripción un miembro de la Ejecutiva de
Ali, que hoy responderá personalmente al perfil que le ha
pintado Moya en rueda de prensa.
Pero la lista de conspiradores contra su PSOE, a ojos de
Moya, es mucho más amplia que León Molina, Ali y Aróstegui.
No podían faltar, obviamente, Basilio Fernández (“ex
presidente autonómico independiente y más tarde de la
formación política Progreso y Futuro de Ceuta, otra escisión
del PSOE, que protagonizó las manifestaciones contrarias al
Estatuto ceutí con quema pública del mismo incluida”, es la
descripción de Moya) y Antonio Gil (“que ya con anterioridad
ha mostrado su disconformidad con la dirección política del
partido promoviendo actuaciones, siempre con independencia a
las tesis del partido y a sus espaldas”), a quienes atribuye
el papel de “encabezar” la insurrección.
En el papel de secundarios “con cierto protagonismo desde un
segundo plano” entran Salvadora Mateos, directora de la
Oficina de Extranjería; Juan Hernández, del INGESA; o el ex
director provincial de Trabajo Javier Martínez, cuyo
traslado de la ficha de militante de León a Ceuta vetó
expresamente por no haberlo pedido antes “entre otras
razones”.
Pintado el cuadro y escogidos los protagonistas, Moya pasó a
exponer sus “conclusiones”. La primera, que presenta como
“el criterio de los componentes de la Gestora” (no aclara si
de León Molina también), que los críticos querían “dominar
el partido en Ceuta para controlar así los nombramientos en
el futuro del Gobierno de la nación ante las perspectivas de
ganar las próximas generales”. “En psicología”, ironizó ayer
un ex militante socialista, “a sus palabras se les llamaría
‘proyección’, un mecanismo de defensa a través del cual se
atribuyen a los demás sentimientos, impulsos o pensamientos
propios que le resultan inaceptables”.
Segúnda, que los rebeldes además de promover “el boicot” a
la Gestora no velaban por los intereses del partido: no
participaban en mesas electorales “con las excusas más
peregrinas”, encabezaban foros de debate “contrarios al
partido”, no manifestaban sus discrepancias en foros
internos y no daban muestras de responsabilidad “aportando
sosiego en esta etapa del partido, sino lo contrario, prisas
para arreglar todo cuanto antes”.
“La imagen que se traslada a la ciudadanía de Ceuta no es la
más adecuada tanto más cuanto que repite ocasiones
anteriores en las que siempre se utilizaron los medios para
airear asuntos internos del partido y todo ello está
propiciando un beneficio muy importante para el PP”,
continúa el análisis político de Moya, que denigra “la
alternativa que se plantea desde este pequeño grupo” porque
sus integrantes son “viejas glorias” y porque “tanto desde
la ciudadanía como desde el propio partido no se vería con
buenas ojos volver al pasado”.
“Por todo lo expuesto”, concluye Moya, “y sobre todo, ante
la situación de amenaza permanente, este presidente de la
Comisión Gestora considera que lo más conveniente para el
partido en Ceuta podría ser la disolución de la agrupación
para poder atender el próximo compromiso electoral con las
mismas garantías y una vez concluido éste, iniciar los
trámites para la reconstrucción del partido y conducirlo a
un congreso que determine la próxima dirección política del
PSOE en Ceuta”.
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reportaje
