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El delegado del Gobierno, Jenaro García- Arreciado, se
comprometió ante los padres de Príncipe Felipe a mantener
una dotación del cuerpo de la Policía Nacional a las puertas
del colegio. La medida es provisional y está dirigida a
lograr la normalidad mientras la Ciudad articula medidas
para separar a los porteadores.
“Queremos una solución”. Esta era la cantinela con la en la
mañana de ayer acudían los padres del colegio Príncipe
Felipe a manifestarse ante la Delegación del Gobierno,
después de casi una semana de protestas y de no llevar a sus
hijos a clase ante el miedo de un accidente con un
porteador. Pues bien, tras una intensa reunión, el delegado
del Gobierno, Jenaro García- Arreciado, tendió la mano a la
comunidad educativa de Príncipe Felipe brindándole una
actuación dirigida a normalizar la situación. Así, este se
comprometió ante los padres, la Junta de Personal docente y
los representantes de la Barriada, a mantener una dotación
de la Policía Nacional a la entrada del centro.
El presidente de la Junta de Personal, Juan Luís Aróstegui,
resumió las sensaciones que el anuncio de la Delegación
provocó entre las partes: “Satisfacción y expectación ante
el desarrollo de los acontecimientos”. Este se felicitó
porque la “presión” de los sindicatos y de los padres haya
servido para “sensibilizar a una Administración que hasta
ahora permanecía al margen”.
Por su parte, el vicepresidente de la barriada, Said Mohamed,
confió en la palabra del delegado aunque no olvidó el
carácter “momentáneo” de la iniciativa. No obstante, añadió
que si los porteadores siguen interfiriendo en la entrada de
los menores a clase volveremos a impedir que nuestros hijos
vayan a clase.
Derechos de los porteadores
Los padres defendieron ante el delegado los derechos que los
menores tienen a no ver peligrar su integridad en la entrada
a clase. No poniendo en duda este hecho, García- Arreciado
significó ante los presentes que los porteadores, una vez en
territorio español, tienen derecho a circular libremente.
La respuesta del delegado exacerbó los ánimos de padres y
sindicalistas quienes no concibieron como este no anteponía
los derechos de los menores españoles ante los de los
propios porteadores, según explicó la representante de UGT
en la reunión, Trinidad Megías.
La calma volvió en la mañana de ayer al colegio. Las clases
se cortarán en cuatro días. Así, Ciudad y Delegación tienen
un tiempo para pensar fórmulas para atajar de forma
definitiva el problema.
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La Junta de Personal paraliza las medidas judiciales
El presidente de la Junta de
Personal docente, Juan Luís Aróstegui, anunció la
paralización de las medidas judiciales que este ente tenía
intención de llevar a cabo contra la Delegación del
Gobierno. Este confirmó que el “requerimiento formal” al
comisario de Policía es ya un hecho por lo que el proceso
podría revitalizarse “en el momento en que se incumplan los
compromisos adquiridos” por García- Arreciado. Aróstegui
calificó de “firme” la garantía dada por el delegado, no
obstante se quejó de que padres y profesores están cansados
de promesas que acaban diluyéndose cuando la alarma social y
la presencia mediática finalizan. Por ello, “hemos hecho ver
al delegado que no dejaremos de estar encima de esta
situación”.
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