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Cuatro proyectos “básicos” para “el interés general de los
ceutíes” que precisaban de otras tantas modificaciones
puntuales del PGOU ceutí de 1992 verán la luz durante este
año si se cumplen los plazos que habitualmente maneja el
Ministerio de Vivienda para dar su visto bueno a este tipo
de propuestas en Ceuta y Melilla, que puede llegar hasta
seis meses. Serán los del acuartelamiento de Brull, en el
que se proyecta levantar cerca de medio centenar de
viviendas en cuatro espacios diferentes. En uno de ellos, el
de la Comandancia de Obras que actualmente ocupan
dependencias judiciales, será una cooperativa privada la
promotora. En otra, propiedad de la Ciudad, se construirán
80 viviendas protegidas. En las otras dos, en manos de
Defensa, Doncel dijo desconocer cómo se gestionará el
proceso, aunque se supone que con su venta se facilite la
financiación de la construcción de la futura Base Única
militar.
Su traslado al Ministerio irá previsiblemente acompañado del
Plan Especial de Protección del Conjunto Histórico de la
Almina, un documento que exigió adjuntar Vivienda cuando
rechazó la primera propuesta del Brull (febrero de 2006) y
que Doncel espera recibir en abril. “La del Brull es una
tramitación compleja porque procede del II Convenio con
Defensa”, recordó Doncel, quien previó que en el Pleno de
febrero pueda aprobarse provisionalmente [en noviembre de
2006 se aprobó inicialmente] su propuesta de modificación
del PGOU.
La segunda modificación que el Ministerio ha admitido
tramitar “en paralelo” a la del PGOU es la que se refiere al
chalé de Ybarrola, donde Ciudad y Delegación ya han llegado
a un acuerdo con Interior para ubicar la nueva Jefatura
Superior de la Policía Nacional, proceso para que resta
transformar en convenio el protocolo ya pactado.
El tercero afecta a la parte trasera de la nueva Residencia
de Mayores de Hadu, espacio en que la Ciudad proyecta situar
una promoción de viviendas protegidas “de carácter social”
que llevaría anexo algún tipo de Centro de Día o para
mayores. Idénticos planes se reservan para la parcela de
Ybarrola que se había cedido inicialmente al MEC para
construir un instituto y que fue desestimada por estar sus
terrenos contaminados por hidrocarburos procedentes de la
antigua industria de Ybarrola.
Allí se levantaría, en caso de que Vivienda dé su visto
bueno, una promoción de VPO “con una zona de guarderías”.
“Debe quedar claro que la Ciudad no piensa en ninguno de los
dos casos desprenderse de esos suelos de titularidad pública
para venderlas y permitir promociones residenciales
privadas, con lo que no se desvirtuaría su uso previsto de
equipamientos”, concluyó Doncel.
Desarrollo reglamentario
Además, Doncel explicó que ha pedido a Vivienda que “aclare”
cuáles son las modificaciones del planeamiento que la Ciudad
puede acometer en solitario y cuáles las que deben obtener
el visto bueno del Ministerio y lamentó, con respecto al
reproche que hizo Vaquer a la Ciudad de que no utilizase su
potestad reglamentaria que “tanto los técnicos de esta casa
como los del Ministerio nos enfrentamos a una maraña legal
con la Ley del Suelo de 2007, la de 1976 y varios
reglamentos de 1978 que dificulta las gestiones y complica
utilizar esa potestad”.
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analisis / URBANISMO
