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Ayer tuvo lugar en la Sala VI de la Audiencia Provincial la
segunda vista del juicio contra el ex delegado del Gobierno,
Luis Vicente Moro, y el ex consejero de Gobernación, Antonio
Francia. Durante la mañana testificaron dos de los agentes
que denunciaron los hechos, cuyas versiones fueron
contrarias a la del superintendente de la Policía Local,
Ángel Gómez. La acusación pide seis años de cárcel y 22 de
inhabilitación para Moro y Francia, aunque el caso quedó
visto para sentencia.
El juicio contra el ex delegado del Gobierno, Luis Vicente
Moro, y el ex consejero de Gobernación, Antonio Francia
Maeso, quedó ayer visto para sentencia después de que hayan
pasado por la sala una docena de testigos en las dos
sesiones celebradas. Los antiguos cargos públicos se
enfrentan ahora a una posible condena de seis años de cárcel
y 22 de inhabilitación
Ayer testificaron ante el tribunal dos de los policías que
denunciaron la posible irregularidad en la devolución de
menores no acompañados a las autoridades marroquíes. Ambos
coincidieron en afirmar que la entrega se hacía directamente
a la policía del país vecino y que a la Nacional sólo se le
daba una copia del documento de filiación del menor. Además,
los agentes relataron como fueron apartados del 092 y
expedientados cuando comenzaron a pedir las órdenes de
traslado a la frontera por escrito.
Sin embargo, el superintendente de la Policía Local de
Ceuta, Ángel Gómez, afirmó que nunca se negó a dar una orden
por escrito aunque “lo habitual es que fueran verbales”.
Gómez alegó que se cumplió el protocolo establecido
“siempre”, entregando los menores recogidos en las calles a
la Policía Nacional para que ellos se encargaran de su
devolución a Marruecos. El superintendente también comentó
en varias ocasiones que las actuaciones con menores
inmigrantes “se hacían por motivos humanitarios, se trataba
de buscarles una solución y reagruparlos con sus padres”. En
cuanto a un documento enviado con Moro a Gómez con
instrucciones de la Fiscalía, este justificó que “se pidió
asesoramiento legal porque hubo denuncias de agentes sobre
las actuaciones”, aunque declaró no acordarse muy bien de
los hechos. Esta versión fue apoyada por tres agentes más,
dos de ellos ya jubilados, que conducían la furgoneta en la
que supuestamente se trasladaban a los menores. Uno de
ellos, incluso alegó que nunca se llevaron menores junto a
mayores de edad en la misma furgoneta.
Por último, testificaron ante el Tribunal los antiguos
concejales José Antonio Querol, del desaparecido Ceuta
Unida, y Alberto Nuñez, del PSOE, quienes participaron en la
comisión de investigación que aprobó la Asamblea en 1999
para investigar las actuaciones con menores inmigrantes.
Nuñez aportó que, en conversaciones con los menores, estos
negaron ser maltratados por los agentes, mientras que estos
le confirmaron irregularidades en el proceso.
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