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Hace pocos días [el 29 de diciembre de 2007] la inmensa
mayoría de los españoles pudo comprobar con desagrado el
verdadero objetivo de los organizadores del partido de
fútbol amistoso País Vasco-Cataluña celebrado en el
histórico estadio de San Mamés. Un partido no oficial entre
dos selecciones autonómicas se convirtió en un aquelarre
separatista en el que se quemaron banderas de España, se
gritó por la independencia del País Vasco, Cataluña y
Galicia, y se bramó por el traslado de presos terroristas a
las cárceles del País Vasco. No es la primera vez.
Desgraciadamente, en esta legislatura estos bochornosos
espectáculos promovidos por los socios del Gobierno del PSOE
han sido una constante que ha contado con el silencio
cómplice de Zapatero. Han sido, también, el fruto de la
política territorial de Zapatero, con Estatutos como el de
Cataluña que califican de “naciones” a lo que sólo son una
parte de la única Nación que existe en España, la española.
Sólo hay una camiseta que nos representa a todos, y ésa es
la de la selección española. Inventar “selecciones
nacionales” es, por tanto, una vuelta de tuerca más de los
que pretenden la secesión.
En este período de Gobierno de Rodríguez Zapatero, la
mayoría de los españoles asiste atónita a un espectáculo
poco edificante: la utilización del deporte con fines
políticos por los partidos nacionalistas y separatistas. Los
socios del Gobierno socialista pretenden crear y fomentar el
sentimiento de que se vive en una nación distinta a la
española, que nada tiene que ver con la patria común de
todos. Con ese objetivo, pretenden el reconocimiento
internacional de las selecciones deportivas autonómicas,
conscientes de la trascendencia que el deporte tiene en la
sociedad actual y la atención mediática que genera.
El proceso comenzó años antes, con inocentes partidos
amistosos de fútbol, fuera del calendario oficial de la
FIFA, entre selecciones autonómicas y selecciones oficiales
de países soberanos. Esa semilla navideña cargada de buenas
intenciones (los partidos se celebraban en Navidades
coincidiendo con el paréntesis vacacional de la competición
de clubes) se ha transformado en Cataluña y en el País Vasco
en una reivindicación recurrente apoyada por sus respectivos
Gobiernos nacionalistas e independentistas. Esta
reivindicación está respaldada por el presidente socialista
de Cataluña, José Montilla, que ha sido ministro del
Gobierno de España.
A nadie se le escapa que el deporte es uno de los vehículos
de mayor impacto mediático y social de los últimos 50 años.
Los dirigentes nacionalistas y separatistas lo saben, y por
eso tensan la cuerda con la utilización política del mismo.
El problema fundamental es que en esta legislatura han
encontrado una respuesta ambigua y comprensiva del actual
Gobierno de la Nación. Es la consecuencia de esa nueva
teoría-ZP de la pluralidad de “nación de naciones”, de la
nación como “concepto discutido y discutible”. Y, sobre
todo, es la consecuencia de la decisión de Zapatero y del
actual PSOE de fraguar alianzas “como sea” con tal de
conseguir gobernar.
En Cataluña, y dentro del Gobierno tripartito presidido por
el socialista Montilla, quien más ruido hace es ERC (Esquerra
Republicana de Cataluña). En marzo-abril de 2004, en pleno
período de transición de Gobierno tras las elecciones
generales, vimos cómo la Federación Internacional de Hockey
sobre patines denegó la solicitud presentada por la
Federación Catalana de ser admitida como miembro de la misma
en igualdad de condiciones que la española. Luego vino
aquella foto, cuando menos curiosa, del entonces presidente
de la Generalitat, el socialista Pasqual Maragall, con la
selección de jockey sobre patines catalana en el Mundial B,
en Macao. Más tarde, vimos intentos similares con deportes
tan poco conocidos y practicados como el “korftball”.
Finalmente, se produjo la visita al presidente del Comité
Olímpico Internacional, encabezada por un consejero del
tripartito, para proponer la genial idea de organizar unos
“Juegos Olímpicos sin Estados”. En el ínterin, ese mismo
dirigente de la izquierda republicana independentista no ha
tenido problema alguno en convertirse en el factótum de la
Fórmula 1 en Cataluña, o en fotografiarse en compañía del
patrón de dicha competición.
El lamentable esperpento exhibido en Bilbao no ha sido sino
la segunda parte del que vimos hace algunos meses en
Barcelona. El partido de fútbol Cataluña-Euskadi, disputado
el 8 de octubre de 2006 en el Camp Nou, se convirtió, en las
gradas, en un homenaje al sanguinario terrorista Iñaki de
Juana Chaos, responsable de 25 asesinatos, que por entonces
estaba en huelga de hambre. Recordemos que, más tarde, el
Gobierno lo puso en semiarresto hospitalario. Eran los
tiempos nada lejanos en los que los socialistas, con
Zapatero y José Blanco a la cabeza, llamaban a los etarras
“hombres de paz” e instaban a los ciudadanos a “mirar a los
ojos a los terroristas”. Sólo la indignación popular masiva
les obligaría a devolverlo a prisión. Aquel partido fue
jugado, además, durante el calendario oficial de la FIFA.
También es necesario recordar la pancarta que reivindicaba a
los “Países Catalanes”, exhibida y desplegada en el centro
de un gran estadio antes de un partido oficial, y que
fomentaba el enfrentamiento de unos territorios contra
otros. La Generalitat de Cataluña y el Gobierno del País
Vasco dedican miles de euros a esta actividad de “promoción
exterior del deporte”. Con esa inversión de dinero público,
del dinero de todos, logran –por citar algunos ejemplos– el
reconocimiento internacional de los bolos, de una pachanga
de fútbol sala en Siberia o en el Cono Sur, o de la sogatira
en el País Vasco. La lista de despropósitos comienza a ser
larga, y ahora se une también la búsqueda camuflada de un
respaldo legal para estas reivindicaciones, así como la
utilización de los estatutos de las Federaciones deportivas
territoriales para lograr el reconocimiento internacional de
los equipos vascos por otra vía. Es la nueva táctica con la
que responden a la actual paralización de las leyes vasca y
catalana del Deporte por el Tribunal Constitucional en los
supuestos de internacionalización de sus respectivas
Federaciones. Esto no pasa en ningún otro país del mundo El
último episodio de este proyecto de crear selecciones
deportivas “nacionales” vasca, catalana o gallega y de
pretender su reconocimiento internacional se exhibió el
pasado 29 de diciembre en San Mamés. Los Gobiernos vasco,
catalán y gallego firmaron en el estadio bilbaíno su
Declaración de San Mamés,en la que reclaman el
reconocimiento internacional de sus selecciones
pretendidamente “nacionales”.
Uno de los tres Gobiernos autonómicos firmantes, el vasco,
está presidido por un nacionalista: Juan José Ibarretxe. Los
otros dos, el catalán y el gallego, lo están por sendos
socialistas: José Montilla y Emilio Pérez Touriño. Ése es el
principal problema, que las reclamaciones nacionalistas
tienen el aval de presidentes autonómicos del PSOE que están
en perfecta sintonía con el líder de su partido y todavía
presidente del Gobierno de España. En Cataluña y en Galicia,
como en Baleares, no gobiernan quienes ganaron con una
amplia mayoría las elecciones; gobiernan los partidos
bisagra que las perdieron. Lo hacen con un lema que
comparten con los socialistas: gobernar a cualquier precio.
Y, en el caso de los nacionalistas, controlar las
Consejerías clave para su estrategia soberanista.
El pacto para que no gobierne el PP, en el que se ha
involucrado el actual PSOE con el nacionalismo
independentista en estos últimos cuatro años, puede haberle
reportado réditos a corto plazo. Pero ese corto plazo ya
está agotado y, en el medio y largo plazo, el partido
socialista tendrá que afrontar las consecuencias de la
pérdida de referencia política de sus siglas y de sus
dirigentes. Se ha agotado porque ya es evidente que el PSOE
es incapaz de ofrecer soluciones a los verdaderos problemas
de los ciudadanos. El ejemplo más visible de esta
incapacidad política es la Cataluña del actual tripartito.
Chapuzas, apagones, retrasos en los ferrocarriles, averías y
derrumbamientos. Pero es que su prioridad es otra. Por
ejemplo, todo este enredo de las selecciones deportivas.
Además, el objetivo imposible de reconocimiento
internacional que buscaba esa Declaración firmada por los
Gobiernos del peneuvista Ibarretxe y los socialistas
Montilla y Touriño es impensable en Europa. Alemania, por
ejemplo, es un Estado federal, pero desde la unificación hay
un único equipo nacional: el alemán. Existen las selecciones
de Munich, Berlín o Bremen, pero para partidos de
aficionados, sin ánimo ni pretensiones de internacionalidad.
Y, desde luego, nadie en Francia o Italia entiende a qué
aspiran selecciones regionales con pretensiones de carácter
nacional. Allí eso es impensable, pero aquí tiene un
objetivo muy claro: ser selecciones pretendidamente
“nacionales” porque el fin último de los nacionalistas que
las impulsan es la secesión. Reino Unido es un caso
especial. Las Asociaciones Nacionales de Fútbol de Gales,
Escocia, Irlanda del Norte e Inglaterra sí tienen
selecciones independientes.
Tienen este privilegio y estatus particular porque sus
Federaciones son más antiguas y anteriores a la fundación de
la FIFA y la UEFA. En el Reino Unido esto ocurre
excepcionalmente con el fútbol y el rugby, pero no con la
mayoría de deportes. Y, por supuesto, no existe la selección
británica de fútbol. A nadie le cabría en la cabeza un
partido de fútbol Gales-Reino Unido, que es el equivalente a
lo que aspiran a organizar los separatistas que gobiernan
con Zapatero. A nadie en el Reino Unido se le ocurriría
afirmar, como en su momento hizo Maragall, que España se
tiene que buscar otro nombre para poder competir contra la
selección catalana. Además, esto no ocurre en el Reino Unido
con ningún deporte olímpico. A la hora de competir en los
Juegos Olímpicos, las selecciones del resto de las
modalidades deportivas se integran en un solo equipo: Reino
Unido.
La historia del fútbol español acrecienta el ridículo del
aquelarre independentista de San Mamés. La selección
española de fútbol nació como tal en 1920 en Amberes. Allí
recibió el sobrenombre, ¡nada menos!, de “furia española”,
en recuerdo al saqueo de Amberes entre el 4 y el 7 de
noviembre de 1576 por parte de soldados españoles
amotinados.
Esa “furia española” nacida en Amberes en 1920 ganó a
Dinamarca, Suecia, Italia y Holanda con un equipo en el que
formaban 13 vascos, 4 catalanes y 4 gallegos. Entre ellos
destacaba el legendario portero barcelonés Ricardo Zamora.
Fueron vascos, catalanes y gallegos los elegidos por Paco
Bru, el técnico español, para el arranque de esa selección
española de fútbol que ahora otros vascos, catalanes y
gallegos quieren hacer desaparecer para crear en su lugar
unas selecciones más acordes con sus desvaríos
secesionistas. En aquellos Juegos Olímpicos de 1920, España
consiguió su primera medalla de plata.
¿Qué dice la ley al respecto?
De acuerdo con la Constitución española, la participación de
selecciones de las distintas Comunidades Autónomas de España
en competiciones internacionales oficiales es
constitucionalmente inviable. Lo es aunque lo pidan tres
Gobiernos autonómicos en una desafiante y anticonstitucional
declaración en San Mamés. Está en contra del marco jurídico
vigente de organización política del Estado español, que
emana de la Constitución de 1978, y en contra de la
jurisprudencia del Tribunal Constitucional. El sistema
jurídico español en materia deportiva está constituido por
la Ley del Deporte (Ley 10/1990, de 15 de octubre), el Real
Decreto sobre Federaciones Deportivas Españolas (RD
1835/1991) y el Real Decreto sobre Actividades y
Representaciones Deportivas Internacionales (RD 2075/1982).
[...]
La Ley del Deporte dice (en su artículo 30) que las
Federaciones Deportivas están encargadas de funciones
públicas de carácter administrativo y las considera “agentes
colaboradores de la Administración”. Es decir, que
manteniendo su naturaleza jurídico-privada, las Federaciones
realizan funciones públicas por delegación. Por lo tanto,
las Federaciones Deportivas Españolas son asociaciones cuya
configuración legal difiere de la de los clubes, y se
constituyen con autorización previa y preceptiva del Consejo
Superior de Deportes, que aprueba sus Estatutos. Además, es
obligatoria su inscripción en el Registro de Asociaciones
Deportivas. Con el objetivo evidente de saltarse la
legislación común, la Ley del Deporte de País Vasco (Ley
14/1998, de 11 de junio) promovía (en su artículo 16.6) la
participación de las selecciones vascas en competiciones
internacionales. Esta pretensión fue impugnada mediante
recurso de inconstitucionalidad, por lo que dicho precepto
está suspendido de forma indefinida hasta que se falle el
recurso en cuestión. La suspensión fue ratificada el 9 de
febrero de 1999 mediante un auto del propio Tribunal
Constitucional. Por tanto, si ha de cumplirse la
Constitución y la doctrina constitucional, queda reservada
exclusivamente al Estado la ordenación del Deporte Nacional
e Internacional así como la necesaria coordinación de las
actividades deportivas autonómicas.
El nacionalismo independentista busca avanzar hacia su fin
último de secesión (o de amenaza de secesión) a través del
deporte, de su tejido social y de su relevancia mediática.
El deporte –no nos equivoquemos– juega un papel educativo de
primer orden. Es una escuela de valores y, como tal, no es
ajeno a la estrategia de control social que el nacionalismo
quiere imponer a toda la sociedad. El nacionalismo aspira a
imponer la identificación de la gente con una “idea de país”
con visión y sentimientos nacionalistas propios. ¡Qué mejor
forma de darle visibilidad que a través del deporte! Ésta es
la tragicomedia de la utilización del deporte con fines
únicamente políticos y al servicio de una causa
anticonstitucional. Cesión tras cesión, finalmente sólo
queda la abdicación de principios y valores.
El deporte, desde la alta competición a la base, exige
soluciones a problemas serios: cómo mejorar y garantizar la
viabilidad de su financiación, dotarlo de más recursos,
vigilar y castigar el dopaje, erradicar la violencia en
todas sus formas, acabar con las apuestas ilegales, y un
largo etcétera. Desde los poderes públicos se puede ayudar a
dar respuesta a esos problemas con la colaboración del mundo
del deporte. Se trata de mejorar su imagen entre los
ciudadanos, con el apoyo activo de los medios de
comunicación, y de poner en marcha políticas de promoción,
prevención e integración. En suma, utilizar la ley contra
todos aquellos que quieren hacer del deporte lo que no es.
El deporte no es violencia; no es política; no es ni puede
ser un instrumento de exclusión. Desde los poderes públicos
se puede, y se debe, favorecer que uno de los fenómenos más
universales se practique conforme a unos valores, unas
reglas y unas normas comúnmente aceptadas, emanadas por las
legítimas instituciones que representan al Deporte: el
Comité Olímpico Internacional, las Federaciones y órganos
del Deporte nacionales e internacionales.
Un futuro muy próximo
En muy pocos meses, el próximo Gobierno de España tendrá que
dar soluciones a los problemas creados en esta legislatura.
Uno de esos problemas es la utilización del deporte para
espolear el independentismo. Es necesario que los órganos de
las Federaciones Nacionales de cada deporte se expresen con
claridad cada vez que se plantee cualquier desafío desde las
federaciones territoriales y así lo manifiesten en sus
órganos de Gobierno. Es en este marco donde deberían
desarrollarse los cauces adecuados de representación de cada
una de las Federaciones territoriales de cada Comunidad
Autónoma.
El Consejo Superior de Deportes debería mantener un
procedimiento de coordinación tanto con las Federaciones
Nacionales como con las Internacionales. Éste es uno de los
motivos por los que la presencia de directivos españoles en
Federaciones Internacionales –y, en concreto, en sus órganos
de decisión– será una prioridad del próximo Gobierno del
Partido Popular. Las leyes autonómicas del Deporte deberían
recoger una cláusula expresa que diga que sus selecciones
autonómicas representan a sus Federaciones territoriales de
acuerdo con lo establecido en la Ley Nacional del Deporte.
Es decir, que no pueden participar en competiciones
internacionales oficiales. Y, si lo hacen en las no
oficiales, será con autorización expresa del Consejo
Superior de Deportes y de su Federación Nacional
correspondiente. Sería bueno que la iniciativa partiera del
ámbito autonómico como ejemplo de autorregulación
voluntaria, solidaridad y cohesión.
El Estado, las comunidades autónomas y la Federación
Española de Municipios y Provincias (FEMP) tienen que
comenzar a poner las bases jurídicas que hagan posible una
ley de cohesión del deporte, de forma que se introduzcan
nuevos órganos de colaboración y coordinación entre el
Estado y resto de las Administraciones. Lo deseable, y en
ello trabajará el Partido Popular, es que la idea de España
tenga su lógica y muy querida traducción en el deporte, como
imagen de la representación y la cohesión de todos los
españoles en torno a la Nación de todos. Esa Nación es
España.
[El diputado ceutí Francisco Antonio González Pérez presenta
hoy junto a Mariano Rajoy el programa de Deportes del PP]
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OPINIÓN
/
COLABORACIÓN
