| 
                     
					El Gobierno de la Ciudad no logró el consenso buscado de la 
					oposición tras aceptar algunas de las enmiendas planteadas 
					por estos al texto de la ordenanza reguladora de la 
					actividad en los polígonos. Finalmente el Ejecutivo logra la 
					aprobación definitiva de una norma que, según el consejero 
					de Economía, “está elaborada a instancias de los 
					empresarios”. 
					 
					La Ciudad estimó cuatro, (dos por cada partido) de las 
					alegaciones realizadas al texto de la ordenanza reguladora 
					de las actividades económicas e industriales de Ceuta. Tanto 
					el líder de UDCE-IU, Mohamed Alí, como la portavoz del Grupo 
					Socialista, Inmaculada Ramírez, consideraron “insuficiente” 
					este gesto.  
					 
					El consejero de Economía, Guillermo Martínez, consideró que 
					esta norma tiene entre sus funciones el “ser un instrumento 
					para mejorar el funcionamiento de las actividades 
					comerciales de la ciudad y fomentar al tiempo la 
					reactivación económica”. Este coincidió con el representante 
					de UDCE-IU en que este documento no es la solución a los 
					problemas del Tarajal, hecho que, según este, no tiene que 
					servir para echar abajo una normativa “elaborada a 
					instancias de los empresarios del polígono”. 
					 
					Entre las nuevas incorporaciones al texto cabe destacar que 
					el tiempo de carga y descarga queda establecido en un máximo 
					de seis horas. Asimismo, se elimina del documento el párrafo 
					referente a la actuación de los agentes de la autoridad 
					puesto que, según Martínez, “el cometido de los agentes de 
					la Policía Local está ya suficientemente claro”. 
					 
					El líder de UDCE-IU cargó, una vez más, por el mantenimiento 
					de la llamada responsabilidad solidaria. Asimismo, este 
					consideró que las sanciones previstas por la infracción de 
					la normativa son “excesivas y desproporcionadas”. 
					 
					Por su parte, Ramírez puso el acento en la necesidad de que 
					la Ciudad tiene que conocer quiénes son los propietarios de 
					las naves ante posibles transmisiones, sobre todo a la hora 
					de sancionar. La representante socialista instó al Gobierno 
					a considerar que la no comunicación de una transmisión sera 
					una falta grave. Mientras, Martínez defendió en que este 
					hecho no pase de una infracción leve. 
   |