|
En ciertos medios, particularmente
islamistas, se han leído con aprensión las importantes
declaraciones del ministro de Interior, Chakib Benmusa, al
influyente semanario francófono de ámbito internacional
“Jeune Afrique” (nº 2460, del 2 de marzo), en particular
cuando después de advertir reiteradamente sobre “El riesgo
de infiltración de elementos subversivos en las
asociaciones, la sociedad civil, los partidos políticos y
las instituciones del Estado”, éste advierte categóricamente
y de forma nada sutil: “Cuando es la estabilidad del país la
que está en juego, la jerarquía de prioridades me parece muy
clara”. En el horizonte inmediato, se intuye en primer lugar
una lucha sin cuartel del Estado marroquí contra el
terrorismo islamista incluso a nivel intelectual, con los
excesos que ello pudiera conllevar como señala a su juicio
en el editorial de “Le Soir” del lunes 3 el periodista Driss
Bennani: “Desde 2003 los secuestros, las sesiones de tortura
y las detenciones abusivas no han desaparecido. Casi todos
los detenidos islamistas (aparte los dirigentes políticos)
afirman haber pasado por la prisión de Temara (DST) o por
otra administración no reglamentaria. Nuestros servicios de
seguridad han, ciertamente, desbaratado muchos complots
reales contra la estabilidad del país, ¿pero lo han hecho
desde la legalidad?. ¿Pueden ser eficaces sin secuestrar y
torturar a los que están antes que todo… los ciudadanos
marroquíes?”.
Por otro lado, parece inminente a corto plazo la intención
del titular de Interior de impulsar una revisión, más
estricta, de la Ley Antiterrorista promulgada sobre la
marcha tras los atentados de mayo del 2003 en Casablanca, a
fin de poder controlar mejor la nueva cara del peligro
terrorista. Prestigiosos abogados que defienden a los
políticos detenidos en el “affaire Belliraj” como Mustafá
Ramid, presidente además en el Parlamento de Rabat de su
propio grupo, el “Partido de la Justicia y el Desarrollo” (PJD),
ya han protestado poniendo el grito en el cielo.
Paralelamente, el joven soberano Mohamed VI ha cogido el
toro por los cuernos y en un importante mensaje leído el
pasado día cuatro por su consejero, Mohamed Moatassim, ha
puesto también las cartas sobre la mesa: después de pasar
revista y felicitar a las fuerzas de seguridad (quedó en el
tintero la discreta pero poderosa DGDE) por su “vigilancia”
y “firmeza” ante los últimos acontecimientos, anunció un
significativo aumento de medios materiales, humanos y
técnicos para las mismas además de puntualizar que la
“última palabra” (sic) sobre la inocencia o culpabilidad de
los acusados corresponde a la justicia, reiterando su “firme
voluntad de garantizar el ejercicio de los derechos y las
libertades, en el marco del respeto del orden público y el
compromiso en pro de la primacía de la ley”, palabras estas
últimas que han sido seguidas con especial atención por
parte de la sociedad marroquí que, aun no repuesta de la
sorpresa que supuso la noticia del 18 de febrero sobre el
desmantelamiento de la importante red terrorista “Belliraj”,
vivía con zozobra los rumores (infundados o no) sobre un
posible estado de excepción o el establecimiento “de una
situación similar”. Mohamed VI ha sido rotundo: no hay
marcha atrás en el régimen de libertades.
|
OPINIÓN / SNIPER
