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					Cuatro personas fueron procesadas ayer en la Sección VI de 
					la Audiencia Provincial por un delito contra los derechos de 
					los extranjeros en dos causas diferentes. Aunque ambos casos 
					se produjeron en similares condiciones cuando los acusados 
					trataban de embarcar con su vehículo en el ferry con destino 
					a Algeciras, en el primer proceso se emitió una sentencia 
					inmediata, absolviendo a los dos procesados. 
					 
					La Sección VI de la Audiencia Provincial de Cádiz celebró 
					ayer dos vistas contra cuatro individuos por un presunto 
					delito contra los derechos de los ciudadanos extranjeros. En 
					una de ellas, el tribunal emitió una sentencia inmediata 
					absolviendo a los acusados. 
					 
					Los hechos referidos a este caso se produjeron el pasado 8 
					de febrero, cuando B.B. y J.E. intentaban embarcar con su 
					vehículo en un ferry con destino a Algeciras. Les acompañaba 
					una chica, que decía ser la prima de la mujer de uno de 
					ellos. Sin embargo, a la hora de aportar la documentación 
					pertinente en la Estación Marítima a los agentes de la 
					Policía Nacional, estos se percataron de que la de la mujer 
					no eran quien decía ser, que si identidad se correspondía a 
					la esposa de B.B. Por ello, los ocupantes del vehículo 
					fueron detenidos por un presunto delito contra los derechos 
					de los extranjeros. Sin embargo, durante el auto judicial, 
					los acusados alegaron no conocer la situación legal de la 
					chica, motivo que fue aceptado por el tribunal. Por ello, se 
					dictó una sentencia inmediata de absolución a los 
					procesados. 
					 
					En la segunda vista se enjuició a P.R.M. y L.F. por el mismo 
					delito. En este caso, los hechos se produjeron el 7 de 
					agosto de 2007 en similares condiciones. Según la versión de 
					los acusados, la persona indocumentada les había pedido 
					llevarle a la Península, asegurando tener la documentación 
					en regla. Mientras la defensa pidió la absolución, el 
					Ministerio Fiscal exigió al menos un año de prisión para 
					cada uno de los procesados. El caso quedó visto para 
					sentencia. 
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