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Francisco José Carrasco y María del Valle iban a ser padres
de unos mellizos, un niño y una niña. Ella estaba embarazada
de 26 semanas cuando comenzó a tener dolores en un costado
que la familia atribuyó a un cólico nefrítico que ella había
sufrido dos días antes. Inmediatamente, acudieron al
Hospital del INGESA, donde les dijeron que estaba de parto.
Esto sucedió el 30 de noviembre de 2006. Los niños pesaron
poco más de 600 gramos, a lo que los padres exigieron que
fueran evacuados inmediatamente a la Península para recibir
una asistencia más amplia y meterlos en una incubadora.
Sin embargo, Francisco cuenta que “nos dijeron que eso no
merecía la pena porque de todas formas morirían al cabo de
los diez minutos, por lo que no iba a dar tiempo a
trasladarlos”. Así, según la versión de los padres, los
médicos desatendieron el auxilio a los pequeños y el
resultado fue el fallecimiento del niño a las 13 horas del
nacimiento y el de la niña a las 20 horas. En ese tiempo, se
sucedieron una serie de extrañas circunstancias que llevaron
a la muerte de los pequeños. “Mi padre los tapó con una
sábana, pero cuando llegó la ginecóloga se la quitó porque
decía que eso era alargarle la agonía” asegura Francisco.
“No les dieron dieron asistencia ni les hicieron pruebas de
ningún tipo, los dejaron morir desnudos y liados en una
toalla” explica María.
Tres meses después, los padres interpusieron una denuncia
contra el hospital, desde el que “alegaron que no habían
cometido ningún error, sólo enseñarnos los niños”. Así, se
abrió una causa que aún hoy continúa pendiente en los
juzgados de Ceuta en el que hay tres imputados por homicidio
imprudente y negación del auxilio: los dos pediatras y la
ginecóloga que atendieron a María.
Petición de inhabilitación
Durante la declaración de los tres médicos, estos admitieron
no haber prestado asistencia a los pequeños. Además, en el
caso de uno de ellos, se certificó mediante el Colegio de
Médicos que “no poseía la formación adecuada para estar en
Pediatría, mientras que el otro ni siquiera tiene el MIR,
así que si no están cualificados que no trabajen en el
hospital”. “Incluso uno de ellos dijo que los bebés murieron
por problemas del corazón, pero no pudo demostrar esto
porque no había ninguna prueba” señala María. Estas tres
personas continúan a día de hoy trabajando en el área de
maternidad del Hospital del Ingesa. Y esto es precisamente
lo que aterroriza a Francisco y María, el hecho de que
“siguen allí y nuestro caso puede volver a repetirse otro
día con cualquier otra persona”. Eso es lo que persigue el
matrimonio, ya que “el dinero no nos interesa, si viene será
bienvenido pero no será disfrutado con gusto” declara el
padre de los pequeños. Por ello, su principal reclamación es
la inhabilitación de los médicos que les atendieron aquel
día.
Los últimos documentos aportados por la familia al juez
fueron unos peritajes avalados por un catedrático de la
Universidad de Comillas en el que se estudió la viabilidad
de los niños para seguir con vida. Sin embargo, el tribunal
solicitó otro peritaje comparativo “que es el que ahora
estamos esperando desde hace cuatro meses” comentan los
padres. Pero este trámite se está alargando más de lo
esperado a causa de la huelga de justicia, por lo que
esperan que su caso “sea resuelto pronto, porque esto no
puede alargarse durante años”. A esto, añaden que “sabemos
que según el protocolo, cuando un neonato vive más de cinco
minutos los médicos deben prestarle asistencia”.
Otro asunto es el de la autopsia, que los padres pidieron
cuatro veces “y que el juez no consideró necesario hacer
porque los médicos reconocieron que no los asistieron”. Pero
el abogado del matrimonio, José Luis Ortiz, va más allá, y
dice que “en este caso hay una mano negra, alguien que no
quiere que esto salga a la luz”. Entre los motivos, destaca
que “el hospital habló con los padres y les dijo que
correría con los gastos del entierro, pero no les dijeron
que los iban a meter en una fosa común”. Por ello, el
abogado concluye que “los enterraron con prisa para que no
se descubriera que realmente murieron de frío por estar
tantas horas desasistidos”. Para Ortiz, otra coincidencia
extraña en este caso es que “el forense alegó que tenía
amistad con los imputados y posteriormente el juez dictó una
providencia y se nombró de oficio a otra persona, la cual
exigía 6.000 euros de provisión”. Si finalmente se estima
una mala praxis, el caso pasará al Juzgado de lo Penal.
Ahora, Francisco y María son padres de un precioso niño de
apenas cuatro meses que, curados de mal, nació en el
hospital Virgen del Rocío de Sevilla.
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NEGLIGENCIAS MÉDICAS
