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Finalizada la larga huelga de los
funcionarios de la Administración de Justicia no transferida
a las Comunidades Autónomas, el colectivo de trabajadores
tiene ante sí la ingente tarea de recuperar dos meses de
tiempo y trabajo perdido por una reivindicación sin duda
alguna legítima pero que, seguramente sin que haya sido
culpa suya directa o exclusivamente, ha perjudicado más de
lo debido a los ciudadanos.
Durante los dos últimos meses este colectivo de trabajadores
ha logrado paralizar buena parte de un servicio básico y
crucial para la vida cotidiana de los ciudadanos. Porque que
la Justicia no funcione bien o lo haga demasiado lenta, como
se ha demostrado estas semanas, no afecta sólo a aquellos
que están implicados en procesos judiciales de una u otra
índole.
También afecta a aquellos que quieren casarse, a quienes
necesitan un certificado de vida, a quienes quieren
inscribir a un recién nacido... Aunque en Ceuta no hemos
llegado a ver escenas dantescas como las de otras ciudades,
donde los usuarios dormían como vagabundos esperando la
apertura de las puertas de los juzgados y el reparto de
turnos.
Lo sucedido debería hacer reflexionar a la Administración y
a los sindicatos sobre si el sistema que se utiliza en
España para regular el desempeño de los servicios mínimos
mientras se ejecutan este tipo de medidas límite de presión
es correcto o no. Porque el límite de los derechos de los
trabajadores está precisamente allí donde empiezan los
derechos del resto de los ciudadanos, y siempre que sea
posible debería conveniarse un derecho con otro.
Otra cosa será, tras lo sucedido con el caso Mari Luz,
solucionar el deficiente funcionamiento de la Administración
de Justicia en general, la informatización definitiva de sus
procedimientos... Una verdadera prioridad para el nuevo
gobierno que previsiblemente desde mañana mismo encabezará
José Luis Rodríguez Zapatero.
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OPINIÓN / EDITORIAL
