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La Inspección de Trabajo ha dado dos meses de plazo al
Gobierno de Ceuta para que ajuste el Servicio de Prevención
y Riesgos Laborales de la Ciudad Autónoma a la legalidad,
después de que esta cuestión fuese denunciada por los
sindicatos. El Ejecutivo ceutí, que ya está trabajando en
solventar las deficiencias, tendrá que dotar de una partida
presupuestaria al Servicio, así como cubrir algunas de las
especialidades.
Aunque la Administración lleva trabajando desde principios
de año junto a las centrales sindicales para ajustar a la
legalidad el Servicio de Riesgos y Prevención de la Ciudad
Autónoma, Inspección de Trabajo ha dado dos meses de plazo
al Gobierno ceutí para que solucione las anomalías.
En ese plazo de tiempo, la Ciudad Autónoma tendrá
principalmente que cubrir algunas de las especialidades y
dotar de un presupuesto propio al Servicio de Prevención y
Riesgos Laborales.
La Ley de Prevención y Riesgos Laborales, que está aprobada
desde 1996 y funciona desde 1997, exige que todas las
empresas con más de 500 trabajadores tengan un servicio
propio de este tipo, por lo menos en dos de las cuatro
especialidades, las otras dos podrán estar concertadas.
Aunque han pasado más de diez años desde su entrada en
vigor, parece ser que la Ciudad Autónoma tendrá en el plazo
de dos meses un Servicio de Prevención y Riesgos Laborales
ajustado a la legalidad, si no quiere enfrentarse a
sanciones por parte del Ministerio de Trabajo del Gobierno
de España.
Por otro lado, ayer se aprobó el Reglamento interno del
Comité de Seguridad y Salud Laboral, el cual componen seis
personas: tres representantes de la Administración y tres de
los sindicatos.
El Reglamento del Comité de Seguridad y Salud Laboral tendrá
ahora que pasar por el Consejo de Gobierno para su
aprobación definitiva.
El siguiente paso de este comité será aprobar una política
preventiva en materia de seguridad y salud laboral, de la
que la Ciudad Autónoma está carente también pese a que está
obligada por la Ley de Prevención y Seguridad Laboral.
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