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Los ceutíes podrían ahorrarse una pasta en electricidad si
prospera la Proposición no de Ley de ERC-IU-ICV para que el
Gobierno establezca un sistema automático de indemnizaciones
a los consumidores por cada apagón, ya que de acuerdo con el
último Informe Marco de la Comisión Nacional de la Energía
(CNE) el índice de calidad de suministro de Ceuta es el peor
de España (se prevén 9,14 horas de corte imprevisto de luz
al año), algo que acredita lo sucedido los últimos dos años.
El Grupo Parlamentario que forman en el Congreso de los
Diputados Esquerra Republicadana de Catalunya (ERC),
Izquierda Unida (IU) y sus socios de Iniciativa per
Catalunya-Els Verds (ICV) han hecho llegar esta semana a la
Cámara Baja una Proposición no de Ley para su debate con la
Comisión de Turismo, Industria y Comercio con el fin de
instar al Gobierno a “establecer un sistema automático de
indemnizaciones a los afectados por los apagones”.
Según este Grupo los usuarios “han de ser resarcidos de
forma adecuada y automática mediante la reducción de oficio
en el importe de su factura mensual, por ejemplo de un 20%
en caso de interrupción del suministro de más de una hora y
un 2% suplementario por cada hora añadida”.
Además, ERC-IU-ICV cree que la Administración General del
Estado debería encargarse de “verificar el cumplimiento por
parte de las compañías de la obligación de informar a los
usuarios sobre los cauces de reclamación, las causas de los
apagones y las medidas tomadas para que no vuelvan a
producirse” y también de “hacer cumplir las obligaciones de
las compañías eléctricas tanto en los planes de inversión
comprometidos con el Gobierno y las Comunidades Autónomas
como en la modernización y ampliación de las
infraestructuras, redes y mallas de distribución;
subestaciones y transformadores eléctricos y el conjunto del
material eléctrico, garantizando a la vez su mantenimiento”.
Reparto de competencias
Según explica en su propuesta el diputado catalán Joan
Herrera (ICV) el Estado establece actualmente “las reglas
básicas del sistema (tarifas, organización y funcionamiento
del mercado de producción, gestión económica y técnica,
derechos y deberes de los agentes), fija umbrales de
calidad, inspecciona y sanciona”, mientras que las
administraciones autonómicas “establecen la tutela y
ejecución de la normativa básica, así como su desarrollo
normativo y reglamentario, y ejercen también competencias de
inspección y sanción”.
Las empresas, por su parte, tienen derechos de operación,
distribución y venta de energía, pero también obligaciones
de inversión y mantenimiento, prestando un servicio de forma
regular y continua, con los niveles determinados
reglamentariamente”, concluye Herrera, cuyo grupo apuesta
por “reunir periódicamente a las compañías eléctricas para
que expliquen las causas de los apagones registrados y
garanticen la calidad del suministro” y por “abrir una
investigación sobre el grado de cumplimiento de las
obligaciones de calidad del suministro por parte de las
compañías eléctricas, y presentar el informe resultante al
Congreso de los Diputados”.
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izquierda unida
