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El ministro de Trabajo e
Inmigración, Celestino Corbacho, ya ha reconocido que puede
hablarse de una “crisis sectorial” en el sector de la
construcción, aunque ha matizado que esta “no es
transversal”: “Sería absurdo”, admitió el ministro el pasado
día 1 de mayo, “negar que existe una crisis en el sector de
la construcción, ya que el parón en la industria ha rebajado
hasta un cincuenta por ciento la producción de vivienda de
renta libre y esto está destruyendo empleo”. Como receta
para superar esta situación el ministro apostó porque las
empresas se convenzan de la necesidad de “innovar y hacer
una economía más productiva”, y entre otras propuestas habló
de la necesidad de mejorar la cualificación profesional de
los inmigrantes y el desarrollo de las nuevas tecnologías.
Al mismo tiempo, y en esa línea se pronunció ayer también el
consejero de Economía y Empleo de la Ciudad Autónoma,
Guillermo Martínez, Corbacho subrayó la necesidad de
invertir desde el sector público en infraestructuras y en
construir viviendas de protección oficial, parches que según
dijo “seguramente no van a resolver el problema de una
empresa, pero sí ayudarán al sector”.
El propio presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez
Zapatero, ya ha anunciado que la Administración General del
Estado hará un esfuerzo por adelantar todo lo posible la
obra pública contemplada en sus previsiones con el fin de
amortiguar así la recesión de un sector sobre el que ha
cabalgado la economía española durante los últimos años a un
ritmo considerable. Ahora que, por múltiples circunstancias,
la economía en general pero especialmente la construcción ha
encontrado un bache es la hora de que los empresarios
demuestren que han sabido gestionar los notables beneficios
que han recibido durante los últimos años, pero también de
que el Gobierno eche una mano no sólo a ellos, sino sobre
todo a sus cientos de miles de trabajadores, para que la
crisis no se palíe con sus despidos inmediatos.
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OPINIÓN / EDITORIAL
