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Una de las variables en la vida de
uno está en esa rutina cotidiana del deber familiar
contrapuesto al deber laboral cuando se trata de atender las
necesidades de cualquier miembro de la familia. Eso hace que
la agenda de uno se vea trastocada cuando se ve obligado a
hacerlo por incidencias que no permiten dejarlas de lado,
sobre todo cuando afecta a los hijos pequeños.
Bueno, entrando en la materia sobre la que expreso ésta
opinión y escrita sobre la polémica desatada por la supuesta
reducción de militares, veo que las cosas se sacan de quicio
creando una situación que en nada beneficia a nadie.
Cuando un Ministerio, en nuestro caso concreto el de
Defensa, decide hacer efectivos acuerdos, a los que llegan
los responsables técnicos que desarrollan los proyectos que
conciernen a la labor del propio Ministerio, lo hacen tras
repasar detallada y someramente todos los pros y los contras
que se pueden dilucidar de la puesta en marcha de esos
proyectos.
Una vez concretado con firmeza la vialidad de cual o tal
acuerdo, éste es comunicado sin contraorden que haga posible
su cancelación o rectificación, principalmente cuando son
resoluciones comunicadas por el Jefe de Estado Mayor del
Ejército. Escribiendo en plata: una vez disparado el cañón
es totalmente imposible hacer regresar la bala.
La creencia generalizada de que todo está forzado por las
intenciones del Ministro de turno, no se corresponde,
generalmente, con la realidad. A fin de cuentas es un
político pero no un profesional de los asuntos que
conciernen a su Ministerio correspondiente y por lo tanto
las decisiones que se tomen no son debidas a la propia
iniciativa del titular del Ministerio sino a profundos
estudios de personal profesional militar que trabajan en
beneficio, siempre, del cometido propio de su competencia.
Como es sencillo de entender, las decisiones que toma un
Ministro –ya sabemos que es una Ministra, pero para esto no
vamos a polemizar en la Igualdad- para promulgar normas que
afecten a asuntos internos del organismo, no tienen porqué
ser ventiladas en el ámbito público de la información por
cuanto no afecta al verdadero fin de la existencia del
Ministerio sino al funcionamiento concreto de su propio
engranaje.
Sin más disquisiciones, que por otra parte difícilmente
pueden comprenderse, es perfectamente lógico que las
decisiones que tome el Ministerio se basan en estudios e
investigaciones muy concretas que avalen el desarrollo de
normas que mejoren, siempre, las disponibilidad de la
principal herramienta del mismo que es, ineludiblemente,
nuestro Ejército.
Lo que no comprendo, francamente, es la enorme dimensión que
quieren darle nuestras autoridades políticas a una norma,
que es confidencial en todo caso, basada en resolución
interna del propio Ejército y con ello lleve a los
familiares de los supuestos afectados a unas actuaciones
ilógicas dentro de lo incorrectamente político.
Todo el conjunto sobre el que se levanta la polémica es,
sencillamente, una norma orgánica de adaptación del
Ejército, como otras normas que siempre han venido
desarrollándose, principalmente por los modernos cambios que
siempre avanzan.
Lo que sí resulta significativo es que una norma, de rango
interno de un Ministerio responsable de la defensa total de
nuestro país y que reviste rango de confidencial, sea
comunicada de manera pública con el agujero que ello
representa en el sistema.
La actitud de quienes airean estas cosas, fuera del entorno
al que le corresponde, es de una responsabilidad extrema
llevada por ambiciones personales y que perjudican
enormemente el entorno de seguridad del país. No se si me
entienden.
Como la falsa polémica ya ha sido desatada, encima
refrendada por nuestras propias autoridades políticas, no
está de más significar que dentro de la misma hay y habrá
diversas informaciones sin fundamento que sólo hará
incrementar una especie de alarma social en determinado
sector ciudadano, pero que en realidad ni es alarma ni es
nada.
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OPINIÓN / LAS NOTAS DEL QUIM
