|
Una huelga no beneficia a nadie.
En la Enseñanza, el principal perjudicado es el alumno, que
deja de percibir su diaria “ración” de aprendizaje. Se
entiende que esa situación no la desea nadie y, cuando se
tiene que tomar esa decisión, es porque los negociadores no
han llegado a ningún acuerdo.
En este caso, en Andalucía, se ha llevado a cabo el pasado
día 22 de los corrientes, una jornada de paro. Por lo visto,
miles de profesores de todos los niveles de enseñanza, se
echaron a la calle para pedir la retirada del Plan de
Calidad y Mejora del Rendimiento Escolar, los conocidos
“incentivos” de 7.000 euros.
Como siempre suele ocurrir, la Patronal, en este caso, la
Junta, ha restado importancia al paro, asegurando que se
trataba de una concentración que partía de sindicatos
minoritarios y, por supuesto, con la consiguiente
maquillación de cifras: 65% según los manifestantes y 12,2 %
según la Junta.
El sentimiento que predominaba entre los manifestantes eran
las críticas a un Plan que, según los convocantes, no es más
que un intento de que los profesores “maquillen las cifras y
los datos del fracaso escolar”. Y también la reiterada
petición a la Consejería de Educación para que retire el
Plan. Criticaban el escaso talante negociador de la nueva
Consejera de Educación “que no ha sido capaz de hablar con
nosotros ni para parar la huelga, aunque se ha pedido por
activa y por pasiva”.
Los responsables sindicales piensan que lo que pretende la
Junta de Andalucía, con esta orden, es “mercantilizar la
enseñanza “dando un plus” de productividad a los enseñantes
y “echándolos a pelear entre ellos”, es decir, de lo que se
trata es de un intento de pagar a los enseñantes que
aprueben más, que la citada orden no habla de reducción de
la ratio en los colegios ni el aumento de plantillas de los
profesores. La orden sólo dice que “los que aprueben más se
les da más dinero”.
¿De qué forma se llevaría esta distribución? Teniendo en
cuenta que sobre un grupo-clase, en todos los niveles,
Primaria, Secundaria y Bachillerato, actúan varios maestros
o profesores de las distintas asignaturas, ¿se les aplicaría
el incentivo a todos? ¿Se beneficiaría sólo el tutor, que es
el que tiene que certificar las actas? Pienso que esto es un
gran galimatías, en el supuesto que el Plan siga adelante.
Apoyándose los Sindicatos en que el Plan sólo ha sido
aprobado por un 35% de los centros y que, según se dice “es
una agresión a la demostrada profesionalidad y buen hacer de
los maestros, se ven fuertemente fortalecidos y no piensan
dar marcha atrás.
Pero por parte de la Consejería de la Junta, tiene muy claro
que no procede cambiar de política: “los cambios bruscos no
son buenos en Educación”. La Ley de Educación de Andalucía
es la herramienta apropiada para lograr “una educación de
calidad y en igualdad de oportunidades. Además, el Plan es
“voluntario” y no persigue “comprar al profesorado” con
7.000 euros.
Por otro lado hay un elemento que no se tiene en cuenta en
este problema: los funcionarios de la Junta cobran hasta el
26,01 % menos que sus homólogos en las administraciones
autonómicas que mejor pagan, por ejemplo, Canarias y País
Vasco. Las diferencias son notables en los cinco grupos del
funcionariado y superan 549 euros en el personal del Grupo
A. La diferencia negativa porcentual más alta se da en los
funcionarios del grupo D.
Si lo anterior es un signo diferenciador del resto de
Autonomías, la inversión por alumno es más preocupante: “El
país vasco es la comunidad con mayor gasto por alumno no
universitario, con 8.858 euros, mientras que Andalucía
invierte menos de la mitad, 4.211 euros por alumno y año, lo
que la sitúa en el último lugar en el conjunto de todas la
autonomías.
La media nacional de inversión por estudiante de centros
públicos es de 5.299 euros anuales, según los últimos datos
disponibles correspondientes a 2005 y publicados por el
Ministerio de Educación en la actualización estadística de
2008.
El Ministerio advierte en su informe que los datos se
refieren a la educación no universitaria en su conjunto
calculados de acuerdo con la metodología de OCDE. Es decir,
incluye todo el gasto público en educación salvo las becas y
la formación ocupacional. Cualquiera que sea la
administración que lo financie. Esto implica incluir la
inversión en educación de las administraciones no educativas
y distribuir territorialmente el gasto de las cotizaciones
sociales imputadas.
Retomando el tema de esta colaboración, el problema no se
resuelve como se ha querido solucionar con el consabido
Plan.
Conviene recordar el Informe Pisa, dado a conocer hace unos
meses, donde nuestra vecina Comunidad había obtenido los
peores resultados de nuestro país: sólo tres de cada diez
alumnos que fueron seleccionados para participar, pasaron de
curso con las asignaturas aprobadas, lo que demuestra que el
problema es grave. Y lo más importante es asumirlo. Pero con
mayor inversión y disponiendo de unos profesionales que sean
remunerados como es debido y estimulando su gestión.
|
OPINIÓN / EL MAESTRO
