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El coordinador de la Unión Autonómica de CSI-CSIF en Ceuta,
Manuel Domínguez, consideró que es más importante que “todos
los trabajadores de la Ciudad se puedan regir por los mismos
criterios bajo el paraguas del nuevo órgano de negociación
que se está constituyendo”.
No obstante, adelantó que CSI-CSIF no acudirá a los
tribunales de Justicia para defender esta postura, ya que
considera que “el perjuicio que se causaría sería mayor al
paralizar durante un largo periodo de tiempo la puesta en
marcha de la Mesa General de Negociación de la Ciudad
Autónoma”.
Domínguez, que ha llegado esta semana de Madrid de un nuevo
congreso de la central sindical, explicó que durante el
mismo se han fijado los criterios de todas las uniones
autonómicas de CSI-CSIF respecto al sistema de carrera,
promoción interna y progresión profesional de los
trabajadores públicos.
“La profesionalización de los empleados públicos debe
constituir un elemento esencial en la modernización y
calidad de los servicios públicos y de ahí la importancia de
establecer los mecanismos necesarios que permitan su
desarrollo profesional en las distintas administraciones”,
valoró el dirigente de CSI-CSIF en Ceuta, para lo cual “es
necesario convenir un modelo de carrera profesional
enmarcado en el objetivo general de mejorar
cuantitativamente y cualitativamente los citados servicios”.
Para Domínguez, es necesario desarrollar los aspectos que
permitan a los profesionales progresar voluntariamente y de
forma individualizada, “valorando fundamentalmente su
experiencia, conocimientos y formación”.
El coordinador de la Unión Autonómica pidió por ello al
Gobierno de Ceuta que facilite la carrera profesional de sus
empleados públicos, promoviendo su actuación y
perfeccionamiento de su cualificación profesional para
adecuar sus conocimientos y su experiencia a la mejora de la
calidad de la prestación de los servicios públicos que se
desarrollan.
Domínguez concluyó abogando por “desarrollar lo contenido en
el EBEP referido a la carrera profesional y la promoción
interna, por cuanto en el mismo se da absoluta libertad a
las distintas administraciones públicas para articular un
sistema de grados, categorías o conceptos análogos”.
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