ACTUALIDAD - MIÉRCOLES, 18 DE JUNIO DE 2008

CEUTA
Gonzalo Testa
ceuta@elpueblodeceuta.com

El Consejo de Gobierno de la Ciudad Autónoma encomendó ayer a su consejero de Economía y Empleo, Guillermo Martínez, realizar de urgencia un informe sobre el problema del desempleo en Ceuta al objeto de pedir la intervención decidida del Estado en esta materia al ministro de Trabajo, Celestino Corbacho, en la reunión que mantendrá con Vivas y el propio Martínez el próximo martes. Entre otros planteamientos la Ciudad instará al ministerio, competente también en materia de Inmigración, a establecer un control más exhaustivo sobre la concesión de permisos de trabajo a transfronterizos, que actualmente rozan los 2.000.

El presidente de la Ciudad Autónoma de Ceuta, Juan Vivas, y su consejero de Economía y Empleo, Guillermo Martínez, han puesto todos los recursos de la Asamblea a trabajar contrarreloj para presentar el martes de la próxima semana al ministro de Trabajo, Celestino Corbacho, un retrato fiel y ajustado del fenómeno del desempleo en la ciudad, pozo en el que según los últimos datos del Instituto Nacional de Estadística (INE) viven unos 7.500 residentes, cifra a la que habría que sumar los cerca de mil trabajadores que hasta el pasado sábado estaban contratados en el marco de los Planes de Empleo 2007-2008 de la Delegación.

Entre otros vectores de análisis, el Consejo de Gobierno encargó ayer al consejero de Economía y Empleo un informe detallado de la “tasa de inmigración flotante” que cada día entra en la ciudad, según desveló ayer la portavoz accidental del Ejecutivo, Mabel Deu. En palabras más sencillas, el Gobierno pidió a Martínez que evalúe el número de permisos de trabajo para transfronterizos vigentes actualmente.

Con esa información, según detallaron ayer fuentes de la Ciudad Autónoma a este periódico, Vivas y Martínez plantearán a Corbacho la posibilidad de establecer límites o, al menos, un control más exhaustivo sobre la concesión de este tipo de autorizaciones, que ascienden a aproximadamente 2.000 y que están reguladas en el artículo 84 del Reglamento de Extranjería.

En ese texto se establece que los permisos transfronterizos se concederán a “trabajadores que residan en la zona fronteriza de un Estado limítrofe al que regresan diariamente, desarrollan actividades lucrativas, laborales o profesionales por cuenta propia o ajena en las zonas fronterizas del territorio español.

“Su validez”, prosigue el Reglamento, “estará limitada a este ámbito territorial, tendrá una vigencia máxima de cinco años y será renovable”. Según fuentes de la Delegación las autorizaciones tienen una validez inicial de un año que se extiende a dos a partir de la primera renovación.

De acuerdo con la versión oficial existen pocas aristas que matizar en lo que a su gestión se refiere.

Sobre el papel sólo se pueden otorgar permisos de trabajo transfronterizos (que obligan al perceptor a dormir en su país y no generan derecho a residencia) exclusivamente en aquellos casos en los que se producen ofertas ‘fallidas’ ante el INEM [salvo en el caso de las empleadas de hogar], esto es, cuando el organismo público no tiene inscrito a ningún español como parado capacitado para ocupar determinado puesto.

Además, los foráneos (en el caso de transfronterizos sólo pueden ser marroquíes) deben acreditar su formación para la plaza en cuestión. Sin embargo, mucho antes de que surgiera la polémica alrededor de la picaresca en el INEM en relación con la Ciudad empresarios locales y determinadas instituciones marroquíes de Tetuán ya habían descubierto hace tiempo las virtudes de las ofertas ‘a la medida’.

Interés empresarial

La Delegación del Gobierno descubrió hace años la facilidad con que, al otro lado de la frontera, se expedían certificados que justificaban la especialización de trabajadores locales en las más diversas disciplinas relacionadas con la Construcción y la Hostelería, principalmente.

El fraude a la ley se completa con el interés de parte de la patronal ceutí, sobre todo en esos dos sectores, por contar con trabajadores procedentes del otro lado del Tarajal, más baratos y dóciles.

Ambos intereses ataron de pies y manos los intentos, que los ha habido, por poner coto a la expedición de permisos para transfronterizos, que actualmente ocupan cerca del 8% del mercado laboral de la ciudad (eso sin contar los extranjeros que trabajan ilegalmente).

Los últimos en negarse a ampliar el espectro de posibles trabajos para los transfronterizos han sido los sindicatos mayoritarios, UGT y CCOO, que recientemente se han opuesto en la Comisión Ejecutiva del INEM a incluir el de peón entre las ocupaciones de difícil cobertura [esto es, sin desempleados inscritos para desempeñarlas], como plantearon las organizaciones empresariales.
 

Los ministros de Trabajo, Sanidad y Cultura, los próximos que se verán con representantes ceutíes

Una vez que la ministra de Medio Ambiente, Elena Espinosa, ya ha recibido a la consejera del área, Yolanda Bel, esta misma semana, y lo mismo ha hecho en semanas precedentes la de Vivienda los próximos días serán claves para el establecimiento de relaciones entre el nuevo Ejecutivo nacional y el local. Si el martes será el responsable de Finanzas, Francisco Márquez, quien se vea con el secretario general de Financiación Territorial y el jueves hará lo propio el titular de Empleo, Guillermo Martínez, con el ministro de Trabajo, Celestino Carbacho, la consejera de Sanidad, Adela Nieto, se encontrará también con el ministro de Defensa, Bernat Soria, el proximo 2 de julio, aunque antes, la próxima semana, tendrá una Conferencia Sectorial del ramo. Por su parte la consejera de Educación, Cultura y Mujer, Mabel Deu, se verá mañana con la ministra de Igualdad, Bibiana Aído, en compañía de su delegada especial de Mujer, Rabea Mohamed. La próxima semana Deu asistirá a un Consejo de Patrimonio en el que, entre otros asuntos, se tratará la contratación de la Carta Arqueológica Submarina encargada por el Gobierno ceutí como pionero en este tipo de iniciativas. El 14 de julio se celebrará, en Zaragoza, la Conferencia Sectorial de Cultura, con la asistencia también del ministro del ramo, César Antonio Molina.