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La jornada de ayer en el juzgado de lo social se esperaba
con impaciencia por todas las partes implicadas. Por un
lado, la empresa Urbaser; por otro, los sindicatos, CSI-CSIF
(la parte denunciante), UGT y CCOO, que se presentaban para
defender el convenio colectivo.
Hay que recordar que de los 500 trabajadores que tiene a
cargo la empresa, más de 250 pertenecen ya a CSI-CSIF,
concretamente todos los empleados de fin de semana con
contrato fijo. Precisamente, este colectivo desea que se
cumpla el artículo 54 del estatuto de los trabajadores, por
el que los operarios de fin de semana tendrían que ser los
primeros en ocupar las vacantes de los fijos de lunes a
viernes.
La primera de las exposiciones corrió a cargo de la asesoría
de Izquierdo & Martín, que duró aproximadamente 40 minutos.
La oposición más dura que encontró el sindicato de Manuel
Domínguez fue la del abogado de la Unión General de
Trabajadores (UGT). Este sindicato mantuvo que el convenio
era legal y que CSI-CSIF no tenía derecho a protestar debido
a que no había firmado un convenio aprobado por la mayoría
de los trabajadores. CSI-CSIF sigue centrado en defender la
ilegalidad de un acuerdo que “incumple la ley y que
discrimina el progreso de los trabajadores”, como ha
manifestado Domínguez en varias ocasiones, ya que, “no se
debe permitir que, porque un acuerdo lleve la firma de la
mayoría, vaya contra la ley”, continuó.
La sentencia no se produjo ayer, tal y como estaba previsto
y, probablemente no se ofrezca ninguna conclusión hasta
mediados de septiembre.
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juzgado de lo social 
