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La Intevención de la Ciudad Autónoma advirtió el día 26 de
junio que de persistir la tendencia de déficit y no
procederse a una “drástica disminución de los gastos” del
capítulo 1 de los Presupuestos Generales –destinado al pago
de las nóminas de los trabajadores de la Administración
local– no sería posible disponer de crédito presupuestario
suficiente para el abono de la totalidad de las
retribuciones correspondientes al personal en el mes de
diciembre. La advertencia del interventor José María
Caminero se realizó antes de que la Consejería de Hacienda
del Gobierno de Ceuta presentase el plan de austeridad.
El interventor de la Ciudad Autónoma avisó el día 26 de
junio al Gobierno de Ceuta que de persistir la tendencia de
déficit –“y nada hace pensar que la misma vaya a cambiar”,
afirmaba– y no procederse a “una drástica disminución de los
gastos” o “una obtención de ingresos no presupuestados” en
el capítulo 1, el destinado al págo de las nóminas de los
funcionarios y el personal laboral de la Administración
local, “no será posible disponer de crédito presupuestario
suficiente para el abono de la totalidad de las
retribuciones correspondientes al personal en diciembre del
presente año 2008”
El informe del interventor de la Ciudad afirmaba que, además
del déficit que presentaba por aquellas fechas el capítulo 1
de los Presupuestos Generales, lo cual, señalaba, “se ha
puesto de manifiesto en los informes mensuales que se vienen
remitiendo” a la Consejería de Hacienda, se había acumulado
un nuevo déficit derivado del abono de la paga adicional en
ese mes de junio.
No obstante, la advertencia de la Intervención se produjo
antes de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Ceuta
recibiese el informe solicitado al Ministerio de
Administraciones Públicas (MAP) en el cual se apuntaba que
era ilegal que el personal de la Administración ceutí
cobrase antes de 2009 el cien por cien de las dos pagas
extraordinarias, ya que superaba el límite “infranqueable”
del uno por ciento de la masa salarial para los incrementos
retributivos del personal.
De esta forma, la Ciudad Autónoma se encontró con la
posibilidad de ahorrarse más de medio millón de euros en
este concepto, pero, por otro lado, se abrió una crisis con
las centrales sindicales con representación en la
Administración local –la Unión General de Trabajadores
(UGT), Comisiones Obreras (CCOO) y la Central Sindical
Independiente y de Funcionarios (CSI-CSIF)–, que presionarán
en lo que queda de ejercicio para que el Gobierno ceutí
abone el cien por cien de las pagas extraordinarias en
virtud de dos acuerdos, uno con el Estado y otro a nivel
local, para que el personal de la Administración cobrase
ante de 2009 14 pagas íntegras. Así, por ejemplo, la sección
sindical ugetista en el Ayuntamiento ha advertido esta
semana que no consentirán que Ceuta sea la única autonomía
de España cuyos funcionarios y personal laboral no cobre las
dos pagas extraordinarias.
Una vez en posesión de la respuesta del MAP, la
Viceconsejería de Recursos Humanos de la Ciudad Autónoma
encargó al interventor la realización de un informe
calculando cuánto se debía pagar al personal sin superar el
uno por ciento de la masa salarial. El documento arrojó que
al mes de junio el Ejecutivo de Vivas había abonado 38.000
euros de más entre sus trabajadores, al tiempo que declara
competente al Gobierno local para declarar el pago
“indebido” y proceder a su restitución con intereses; algo
que todavía no se conoce si la Ciudad lo hará efectivo.
Lo que sí parece claro es que, como ya anunció la portavoz
del Gobierno de Ceuta, Yolanda Bel, no se abonará lo que
queda de la paga extraordinaria en el mes de diciembre “por
imperativo legal”.
Ante esta situación, los sindicatos han augurado
movilizaciones y medidas de presión para conseguir que la
Ciudad Autónoma abone lo acordado con ellos.
Por otro lado, la Consejería de Hacienda del Gobierno de la
Ciudad Autónoma de Ceuta ha puesto ya en marcha un Plan de
Austeridad y Contención del Gasto que fue presentado el día
1 de agosto por el consejero de Hacienda, Francisco Márquez,
quien aseguró que con ello se conseguiría un ahorro de un
millón y medio de euros en lo que resta de año.
El Plan de Austeridad presenta medidas generales como que
cada Consejería creará una oficina de control de gasto y que
difundirá entre todos sus trabajadores la necesidad del
gasto corriente en los procedimientos, así como potenciar la
instalación de energías alternativas y sostenibles para los
edificios que albergan instalaciones municipales.
Las medidas específicas del plan incluyen una concienciación
del ahorro en el área tecnológica o en otros consumos como
la energía eléctrica, agua o gasto en consumibles. En el
área de Recursos Humanos, el documento anuncia la
congelación de las retribuciones de los altos cargos,
personal eventual y directivos de las sociedades municipales
y organismos autónomos.
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